Libro del mes

Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas

Jesús González Pérez

Editorial: Civitas


En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del régimen jurídico vigente por un importante sector de la doctrina, cada días más extenso.

Al establecer la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, la obligación de indemnizar toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se instauró un sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública sin parangón en el Derecho comparado, que fue objeto de los elogios de la mejor doctrina y fue modelo en el que se inspiraron otras leyes, como la Ley federal mejicana de responsabilidad patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial del último día de 2004.

La jurisprudencia ha sido en general prudente, resistiéndose a admitir la responsabilidad por funcionamiento normal de los servicios, si bien, ante los categóricos términos de la Ley, no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos, aunque con elogiable prudencia. A pesar de todo, son tan gravosas las consecuencias para las Haciendas públicas de la aplicación del sistema, que se ha extendido la preocupación y multiplicado los trabajos ya de por sí numerosos sobre tan apasionante tema.

En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.

Esta obra, que ahora alcanza su octava edición, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea.

Desde diciembre de 2012, fecha en que apareció la penúltima edición son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las sentencias publicadas hasta el momento de cerrar la edición. Las últimas, recogidas al corregir las pruebas, se presentan más o menos resumidas y a veces se recogen literalmente sus fundamentos de Derecho de mayor trascendencia. No sólo las sentencias innovadoras, sino también aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.

Desde marzo de 2015, fecha en que apareció la edición anterior, una nueva normativa regula la responsabilidad de las Administraciones públicas, la que sobre el tema se contiene en las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico de Sector Público. Aunque en buena parte se ha respetado la regulación derogada, existen innovaciones en su régimen jurídico, que se estudian con detalle en esta edición.

 

Jesús González Pérez  

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