Pleno de los martes

21-06-16

Terceiro Lomba, Jaime,

Desigualdad y economía clientelar

 

RESUMEN DE LA PONENCIA

Una de las viejas creencias económicas, como la que viene representada por la disyuntiva entre igualdad y eficiencia económica, ha quedado arrumbada, no solo por la evidencia empírica, sino también por convincentes argumentos teóricos. Con el transcurso de los años el resultado de las investigaciones, tanto teóricas como empíricas, ha ido cambiando los supuestos y prejuicios sobre la relación entre desigualdad y crecimiento económico. Aunque como con frecuencia sucede en ciencias sociales, no es posible hacer afirmaciones rotundas que sean válidas para cualquier país con independencia de su nivel de desarrollo económico.

Un indicador utilizado con frecuencia para medir la desigualdad es el representado por la métrica S90/S10, que corresponde al cociente de la renta media del 10 % más rico entre la del 10 % más pobre. De acuerdo con los últimos datos publicados por la OCDE, el valor, correspondiente a España, de este cociente ha pasado de 9,9 en el año 2007 a 11,7 en 2013. Es decir, la renta media del 10 % de los individuos que más han ganado ha pasado de ser 9,9 veces mayor que la renta de los individuos que menos han ganado antes de la crisis a ser 11,7 veces mayor después de ella. Si pudiéramos interpretar este cociente como un indicador de la distancia social veríamos que la crisis la ha aumentado sensiblemente en España. Además, Grecia y España ocupan, dentro de los países de la UE, los dos primeros puestos en esta medida de distancia social. Aun partiendo de valores más bajos, en el resto de los países esta distancia no ha aumentado de modo tan llamativo en la crisis, o si lo hizo fue con incrementos sustancialmente menores.

Probablemente una de las causas por las que los análisis econométricos de la relación entre desigualdad y crecimiento son tan inestables es que en la métrica de la desigualdad económica se integran dos tipos de desigualdad que tienen orígenes distintos: la primera de ellas es la que genera la desigualdad de oportunidades y la segunda la que se genera por el esfuerzo y trabajo de los individuos.

A pesar de la dificultad de caracterizar la desigualdad de oportunidades por una sola métrica, la elección de la elasticidad entre rentas intergeneracionales parece razonable. De la misma manera se puede justificar la elección del índice de Gini como una medida de desigualdad, pese a las conocidas limitaciones que presenta. Es importante interpretar adecuadamente el significado de la relación entre movilidad social y desigualdad de renta, la llamada curva del Gran Gatsby (CGG) para, en su caso, poder definir y aplicar las correspondientes políticas públicas que conduzcan a la minimización de la desigualdad de oportunidades. En primer lugar, es preciso señalar, una vez más, la importancia de no confundir correlación con causalidad. En un principio, lo que la CGG muestra es simplemente la correlación negativa que existe entre desigualdad de renta y movilidad social. Con palabras de Miles Corak, cabe decir que la CGG más que medir señala la relación negativa que existe entre desigualdad de rentas e igualdad de oportunidades. En todo caso, lo que se deduce de la CGG, sin ambigüedad alguna, es que cuanto más desigual es una sociedad menos movilidad social hay en ella. Pero es obvio que de esta relación no puede concluirse, por ejemplo, que una disminución de la desigualdad de las rentas en un país garantice, por sí misma, una mayor movilidad social.

Una mayor movilidad intergeneracional se justifica no solo por razones de equidad, sino también de eficiencia. Puesto que el talento potencial está distribuido entre todos los estratos socioeconómicos, es claro que propiciar una mayor movilidad facilita que las capacidades y los talentos se asignen a aquellas actividades en las que se tienen ventajas competitivas. Se generan así los incentivos adecuados para que los individuos utilicen dichas ventajas, lo cual, como es bien sabido, resulta necesario para el buen funcionamiento de las economías de mercado.

Está suficientemente acreditado que en entornos de baja calidad institucional la falta de movilidad social tiende a situar en los niveles de renta más altos la capacidad de influir en el marco que regula la actividad económica. Es esta una situación propicia para el proceso de extracción de rentas que genera la llamada economía clientelar, que consiste en la utilización de la capacidad normativa y de gasto de las distintas Administraciones (local, autonómica y estatal) en beneficio de una o varias personas, empresas o grupos de interés, y en perjuicio de terceros, que generalmente son los ciudadanos.

Desde un punto de vista económico se pueden agrupar en tres áreas los problemas que genera la economía clientelar. En primer lugar, reduce la competitividad de la economía en su conjunto, favoreciendo a las empresas y actividades ya establecidas y poniéndole trabas de todo tipo a la innovación y a las empresas entrantes. Como consecuencia, afecta de manera muy relevante a la adecuada asignación de talento. En segundo lugar, genera una verdadera aglomeración de injustificadas subvenciones y exenciones fiscales, casi nunca respaldadas por razones de equidad y eficiencia. Además, es el origen de emprendimientos públicos con bajas o negativas rentabilidades sociales, que dan lugar a los llamados elefantes blancos, que son aquellos proyectos inviables o de dudosa utilidad y con elevados costes de mantenimiento. La España de las dos últimas décadas es un verdadero mosaico de obras públicas de esta naturaleza. Finalmente, impide llevar a cabo reformas económicas fundamentales: nuestras famosas, y siempre pendientes, reformas estructurales.

Una vez divididos los sectores de la economía española entre los potencialmente relacionados con la economía clientelar y los que están al margen de ella, puede demostrarse que la pérdida de productividad de los sectores clientelares, aquellos en los que la influencia del gobierno es más determinante, ha sido el doble que la de los sectores no clientelares. Además, y paradójicamente, se demuestra que el crecimiento de las empresas fue inversamente proporcional a su productividad. Probablemente los dos sectores más conocidos por la presencia en ellos de la economía clientelar sean el de las infraestructuras y el energético, especialmente el sistema eléctrico.

Genera una profunda desolación recordar que nuestro país que llegó a ser líder en varios ámbitos de las energías renovables haya dejado de serlo por un llamativo, interesado y falso diagnóstico al atribuir a este tipo de energías el llamado déficit de tarifa del sector eléctrico. Parce razonable afirmar que una salida razonable de la crisis debiera estar asentada en sectores de futuro, como el de las energías renovables, y no en aquellos otros fundamentalmente relacionados con la construcción y la economía clientelar. Hemos conseguido demoler el sector de las energías renovables, el único en el que, en materia energética, España llegó a tener  ventajas competitivas muy notables y en el que tiene ventajas comparativas evidentes respecto a otros países europeos que, como Alemania, lideran hoy el sector. Desde luego, la presencia de la economía clientelar se extiende más allá de los mencionados sectores, pero los ejemplos concretos a los que se alude en la ponencia se circunscriben a ellos.

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