Pleno de los martes

06-03-18

Mangas Martin, Araceli,

De la cláusula sin nombre a la identidad europea de España

 

RESUMEN DE LA PONENCIA

DE LA CLÁUSULA SIN NOMBRE A LA IDENTIDAD EUROPEA DE ESPAÑA
(6 de marzo de 2018)
Araceli MANGAS MARTÍN
 
Cuando se redactó la Constitución de 1978, además de la preocupación por elaborar un modelo constitucional que nos homologase al resto de Estados democráticos occidentales, se hizo sentir la necesidad de un precepto específico que habilitase al Estado, a España, para atribuir el ejercicio de competencias soberanas a fin de poder aspirar a ingresar en las, entonces, Comunidades Europeas al tiempo que protegiese los efectos propios del Derecho de la Unión Europea (UE) en el ordenamiento español.
Todas las constituciones de los Estados miembros –entonces diez Estados- dedican un precepto bisagra que articula la cohabitación del ordenamiento nacional con las exigencias del Derecho de la UE relativas a la primacía y eficacia directa e inmediata de las normas originarias y derivadas que es la función del art. 93 Constitución española. Hay que reconocer que ni en el borrador inicial ni en ninguna de las versiones en las que evolucionó su redacción definitiva se mencionó en el texto del precepto debatido a las organizaciones europeas para las que estaba pensado ni incluyó mención alguna a la integración europea. Era la “cláusula europea” sin nombrar a Europa.
 
La Constitución española solo se ha reformado en dos veces, y siempre a causa de la integración europea. Así pues, la reforma del art. 93 es, pues, aconsejable, si bien reconozco que no es el problema mayor de nuestra Constitución de 1978 ni del debilitamiento de la democracia en España ni del oscuro sistema de distribución de competencias. Caben, pues, algunas mejoras como explicitar la vocación y compromiso con la integración europea. Y nuestra identidad europea debe quedar blindada como parte del acervo constitucional. Enunciaríamos nuestro compromiso inequívoco al tiempo que hay límites a la integración. En efecto, las normas de la Unión no podrían afectar a los principios básicos del sistema constitucional de cada Estado miembro (en nuestro caso, el Título Preliminar y los Títulos I y
II). Igualmente, un nuevo apartado del art. 93 CE debe hacer referencia a los tres grandes bloques normativos de la UE: el mercado interior, el espacio de libertad, seguridad y justicia y la Unión Económica y Monetaria. Y comprometernos con la acción exterior, la seguridad y la defensa de Europa identificando los valores de su política exterior y de defensa.
 
En conclusión, la cláusula europea de nuestra Constitución reformada deberá reflejar lo que ya sucede en la realidad política, económica-social, normativa y judicial de España después de treinta años de integración exitosa y de lealtad ejemplar. Hay cierto divorcio entre el vigente art. 93 CE y la realidad de nuestro compromiso político, del impacto diario en el Derecho español y vocación europea. Debemos “normalizar” en la Constitución española lo que es normal para los poderes del Estado y la ciudadanía: la apertura a la Unión Europea. Y por tanto acomodar el art. 93 CE al compromiso real y a la evolución actual y futura: expresar los valores y objetivos que compartimos y hasta dónde los compartiremos, es decir, qué resulta intocable ante nuevas reformas de la UE sin una previa reforma agravada o fundamental de la Constitución, así como ante propuestas intempestivas de denuncia de estos tratados y retirada de la UE.
No reconocemos constitucionalmente nuestra identidad europea ni la protegemos. Es momento de despejar dudas.

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