Pleno de los martes

20-03-18

Rouco Varela, Antonio María,

El Episcopado español y su doctrina sobre el nacionalismo

 

RESUMEN DE LA PONENCIA

El Episcopado Español y su doctrina sobre el Nacionalismo

Resumen - Discurso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio Mª Rouco Varela Arzobispo Emérito de Madrid

(Madrid, 20-03-2018)

1. Introducción

El problema político-jurídico que ha planteado el nacionalismo cultural y sociológico en la historia moderna y contemporánea de Europa ha recobrado una nueva y concreta actualidad en la forma política con la que se produjo la extinción jurídico-internacional de la Unión Soviética y en la desintegración constitucional de la antigua Yugoslavia después de la caída del Muro de Berlín. Y se ha mantenido y sigue viva la problemática nacionalista en la realidad sociopolítica española de las tres últimas décadas.

La posición de la Iglesia ante esta nueva actualidad político-jurídica del nacionalismo se expresa más en su magisterio o doctrina que a través de su comportamiento y actividad diplomática en sus relaciones con los Estados implicados en los procesos nacionalistas. Como no se puede soslayar la innata dimensión ética o moral del nacionalismo, lo que significa como interpelación pública a la Iglesia le afecta antes a su responsabilidad doctrinal, primero «ad intra» de la Iglesia misma, y luego «ad extra», en relación con la sociedad en la que está inserta.

Preguntarse por la doctrina del Episcopado español en el momento actual de la problemática nacionalista en España es un imperativo eclesiológico y pastoral inaplazable. Entendiendo Episcopado como esa modalidad colegial del ejercicio del ministerio y de «la potestas» episcopal, bien en la forma usual previa al Concilio Vaticano II –de «Declaraciones colectivas»-, bien en la modalidad de Instrucciones, Decretos y Declaraciones de la Conferencia Episcopal Española erigida el 1 de marzo de 1966.

2. Antecedentes históricos

En la actuación de la Iglesia ante el nacimiento y desarrollo del Estado moderno en clave nacional a partir de la crisis de la Cristiandad en el Medievo tardío se pueden fijar momentos jurídico-canónicos y doctrinales que la conforman y justifican, tanto en el marco universal de la Iglesia, como en el plano territorial de la Iglesia en España regida por los Obispos diocesanos, en comunión con el Sucesor de Pedro.

La crisis de la Cristiandad tiene una fecha y unos protagonistas que la ponen de manifiesto y aceleran: el Papa Bonifacio VIII y su Bula «Unam Sanctam» (18-XI-1302) y Felipe IV, el Hermoso, de Francia que agrede y hace prisionero al Papa en la residencia de Anagni (1-XI-1303), muriendo pocas semanas después. En 1309 se consuma la decisión del traslado de los Papas a Avignon, en donde residirán hasta 1377. Quedaba, pues, delimitado el reconocimiento de la supremacía de la jurisdicción del Emperador frente al poder territorial de los Señores de los territorios del Imperio, laicos y eclesiásticos.

La reacción de la Iglesia y de los Papas, en especial, desde Avignon hasta el Concilio de Constanza (1414-1418) y Lutero (1517), ante este surgir de la figura política del Estado territorial con ingredientes culturales «nacionales» consistirá en un reconocimiento condicional. Tratará de defender la vigencia intacta del Derecho Canónico en los nuevos ámbitos de soberanía política, y de mantener sin ninguna debilidad doctrinal la enseñanza sobre la ley, el derecho y la justicia para el discernimiento y la guía moral de los nuevos «Estados». Importaba principalmente mantener incólumes «las inmunidades eclesiásticas» que afectan a las personas y a los bienes de la Iglesia. Sobre todo, se busca que no se deteriore el nivel de la libertad interna de la Iglesia alcanzado por el Concordato de Worms (1122).

En la problemática de la libertad de la Iglesia para constituirse y organizarse internamente sin influencias externas del poder político es donde «el factor nacional» se presenta como más perturbado para la Curia Romana y los Obispos del lugar. Los Papas del Renacimiento tratarán de contrarrestar esas corrientes político-eclesiásticas hacia una posible formación de «Iglesias Nacionales» con la negociación concordataria.

El fortalecimiento de la soberanía de los Reinos europeos, detentado y encarnado en sus titulares, los Monarcas, se consolida política-jurídicamente en el siglo XVI definitivamente, con una clara influencia de una insuficiente «conciencia nacional».

El caso de la España del XVI y de la política eclesiástica de sus Reyes, reviste características únicas. Los Reyes de esa época obtienen el Real Patronato para el nombramiento de todos los Obispos de su Reino en la península y en Ultramar, controlan el uso de «las inmunidades eclesiásticas» con efectividad disciplinar, e intervienen el Tribunal de la Inquisición; Felipe II se declarará Patrono del Concilio de Trento y de su aplicación en las Iglesias de sus Reinos, imponiendo con los medios coercitivos de la autoridad real sus reformas.

La evolución política del concepto de soberanía en la teoría y en la práctica de las Monarquías europeas católicas en los siglos XVII y XVIII sobrepasará los limites jurídicos con los que el derecho canónico de las Decretales trataba de salvaguardar «el mínimum» básico de la libertad de la Iglesia: su competencia exclusiva «en las cosas espirituales». Así, los Reyes de Francia –excepto Luis XIV (1638-1715)-, los Príncipes Católicos de Alemania, el Emperador… se atribuirán, en virtud de su poder absoluto como titulares exclusivos de la soberanía política, competencias limitadas en «las cosas temporales» y el poder último en las espirituales. Lo que no impidió que en las Monarquías Católicas –Francia y los territorios Católicos del Imperio, Austria sobre todo- se desarrolle todo un sistema de derecho eclesiástico del Estado.

En España, tras dos intentos fallidos, se firma el Concordato de 1753 por el Rey Fernando VI y el Papa Benedicto XIV, que convalida y amplía el derecho de Patronato de la Monarquía española hasta convertirlo en un «Patronato universal». Pero la Santa Sede no avalará el intento de una manipuladora interpretación del Patronato universal de la Monarquía española en su aplicación para América, convirtiéndolo en «un Vicariato regio» para «las Indias».

Entre el episcopado, el clero, las comunidades política y universitaria de la Ilustración española no se encontró nunca una base intelectual y política mínimamente sólida para la construcción político-jurídica de una Iglesia Nacional.

La conmoción social revolucionaria de la Francia de la última década del XVIII hizo que el edificio político del absolutismo monárquico se desmoronase. El sujeto titular de la soberanía pasará al pueblo, a la nación, integrada por individuos libres e iguales. Se inicia un camino de un sectarismo anti-católico, a cuyo final se encontrará la persecución religiosa más cruel y masiva de toda la Europa del siglo XIX. La concepción liberal y democrática del Estado, inspiradora y fruto a la vez de la Revolución Francesa, triunfará en la vida política de toda Europa.

El «calvario» sufrido por los Papas Pío VI y Pío VII en manos de los revolucionarios franceses y de Napoleón había reforzado, como nunca en toda la historia precedente de la Iglesia, en los sentimientos y en el aprecio de los fieles, la devoción al Papa. Para lo que no fue óbice el crecimiento en el sentimiento popular del sentido nacional, de pertenencia a una nación (o «pueblo») que en Alemania e Italia sustentó los procesos de unidad política que cristalizaron en la constitución del 2º Reich, liderada por Prusia (1870), y del Reino de Italia, liderada por Piamonte (1861).

En medio de esta revolucionaria conmoción de los pueblos y de la sociedad europea a lo largo de todo el siglo XIX hasta la 1ª Guerra Mundial, la preocupación de la Santa Sede será mantener y, en las circunstancias graves, recuperar el derecho al libre ejercicio de sus competencias intransferibles en los asuntos propios y específicos de ella misma. Así, la posición de la Santa Sede ante las exigencias de los nacionalistas italianos de que aceptasen, en bien de la unidad política italiana, la desaparición de los Estados Pontificios, es extraordinariamente elocuente.

Los Papas del XIX no tendrían reservas doctrinales ni reparos en la práctica de sus diplomáticos en admitir y favorecer la incorporación libre de los católicos a otro gran empeño de la unidad política en Europa. El papel desempeñado por León XIII, seguido por San Pío X y por Benedicto XIV, en el apoyo a la lucha tenaz y casi martirial de los católicos en la Alemania «prusiana» y, después, en las cesiones político-eclesiásticas de los Gobiernos del Reich (más en concreto, de los sucesores de Bismarck en la Cancillería berlinesa), fue valeroso, clarividente y eficaz. La lealtad a la Alemania de «modelación» cultural protestante y prusiana, practicada por los Pastores y fieles de la Iglesia Católica en esos años de persecución y, más tarde y muy sintomáticamente en los años de la guerra y de la derrota, no pudo ser más generosa y ejemplar.

El final de la guerra en 1918 puso sobre el tapete de las negociaciones de las potencias vencedoras las enormes dimensiones morales y políticas de la crisis europea. El apasionado nacionalismo de los pueblos que habían constituido el Imperio Austro-húngaro –la otra potencia derrotada– y la antigua Rusia de los Zares encontró eco en los vencedores, singularmente en el Presidente Wilson de los EE.UU., y en sus planes de re-ordenación de las fronteras y de los Estados europeos. Nacen nuevos Estados por divisiones y combinaciones. La Santa Sede acepta la nueva realidad del mapa geopolítico europeo y la transformación constitucional en Repúblicas de Alemania y de Austria-Hungría, por la vía concordataria preferentemente. Además, la Santa Sede busca –y lo logra en gran medida– asegurar un amplio espacio jurídico para su libertad en sus asuntos propios y para su presencia espiritual y culturalmente activa en la sociedad.

El problema ético del «nacionalismo» como elemento definidor de la esencia pre-política del Estado y de sus fines y objetivos sociales, culturales y jurídicos últimos se le va a plantear al Magisterio de la Iglesia con los totalitarismos comunista, fascista y, muy inigualablemente, con el nacional-socialista alemán.

En la Encíclica «Mit brennender Sorge» (14-III-1935) Pío XI se enfrentará con la ideología nacionalista del «Nazismo» alemán con argumentación contundente filosófico-teológica que parte de sus contradicciones con las verdades fundamentales sobre Dios, Jesucristo, la Iglesia y, una específicamente, sobre el ser del hombre y de la sociedad, para concluir con la tesis de su diametral incompatibilidad no solo con los postulados fundamentales de la fe cristiana, sino también con los principios éticos más elementales de la razón humana.

Al término de la 2ª Guerra Mundial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es la consecuencia positiva de inmediato para la re-constitución de un derecho que se reconoce a los pueblos colonizados y a los sometidos por la fuerza militar o, similar, a una ordenación estatal ajena o impuesta por la fuerza militar o, similar. El Magisterio de los Papas Pío XII y San Juan XXIII acoge y avala esta doctrina de la autodeterminación, sostenida y programada por la ONU como uno de los ejes centrales de su política internacional. El Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Papas del Postconcilio hasta hoy mismo la mantienen e, incluso, desarrollan y concretan al hilo de los acontecimientos que van enhebrando la historia del mundo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.

3.- El Magisterio del Episcopado Español sobre el Nacionalismo. Su momento histórico y su contenido.

El primer documento colectivo del Episcopado español data del 1 de enero de 1870. Los Obispos españoles presentes en Roma para participar en el Concilio Vaticano I se dirigen al Congreso de los Diputados que se disponía a discutir el proyecto de Ley sobre la introducción del matrimonio civil obligatorio en la legislación española. Piden que sea desechado. Se suceden otros dirigidos al Papa y al Gobierno en asuntos puntuales de diversa índole político-eclesiástica o religiosa, entre los que prevalecen aquellos que tienen que ver con la salvaguarda de la confesionalidad católica de la Nación Española garantizada por el Estado en el Art. 1 del Concordato de 1851y avalada por el art. 11 de la Constitución de 1876 que la matiza con la aceptación del principio de tolerancia para la profesión de otras religiones que no sean la católica y para el ejercicio privado de su culto. Pero no será hasta el 15 de diciembre de 1917 cuando los Obispos Españoles se sientan obligados a dirigirse a la Nación con un documento que titulan «Sobre deberes en las presentes circunstancias».

El 1 de marzo de 1922 saldrán de nuevo a la opinión pública con la publicación de una «Carta colectiva del Episcopado a la Nación» en la que se anuncia la puesta en marcha de una gran campaña social de los católicos como contribución de la Iglesia a la superación en profundidad de una crisis social y política de España que se manifiesta y agrava día a día y a la que parece rendirse como fatalmente irrevocable una buena parte de la opinión pública nacional.

En 1931 dos nuevo documentos del Episcopado español de una relevante significación para la historia contemporánea de las relaciones de la Iglesia con la Nación Española: del 9 de mayo de 1931 «de los Metropolitanos Españoles a los fieles», en el que, en conformidad con todo el Episcopado, se les recuerda el deber de acatamiento del nuevo régimen político constituido, la República y, particularmente, el deber de cooperar al bien común de «la nación» con las autoridades establecidas. El otro, de diciembre del mismo año (sin fecha exacta), firmado por todos los Obispos Españoles. Documento muy extenso y «construido» con una muy buena sistemática de fondo doctrinal y de forma expresiva, en el que se explica y argumenta detalladamente la postura de los Obispos ante la reciente promulgación de la Constitución de la República el 9 de diciembre de 1931. La tachan no solo de ajena y hostil a la tradición católica de la Nación, sino también de unilateral y vejatoria para los católicos en general y para la Iglesia como institución. Más aún afirman que resulta contradictoria con los mismos preceptos constitucionales en los que se sostienen y se garantizan las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. La protesta se hacía inevitable, aunque el documento concluye rememorando a los fieles que «la Iglesia vence al mal con el bien, que responde a la iniquidad con la justicia, al ultraje con la mansedumbre, a los malos tratos con beneficios, y que en definitiva también la ciencia cristiana del sufrir es un poder de victoria: Somos maldecidos, y bendecimos; sufrimos persecución y la soportamos; somos calumniados; y oramos».

En esos años treinta del pasado siglo, hasta el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, tantas veces dolorosos y, en su final, tan dramáticos, las declaraciones colectivas de los Obispos Españoles (de los Metropolitanos de 25 de julio de 1932 «sobre matrimonio civil y canónico» y de 25 de mayo de 1933 «Con motivo de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas»; aplicando ambas leyes con radicalidad «anticatólica» el ya de por sí radical Art. 26 de la Constitución) estarán impregnadas de la convicción de ser pastores de una Iglesia, la Católica, cuya fe y criterios morales y espirituales de vida personal, social y política están en la base del sentido más profundo de la cultura y del ser histórico de la Nación española. Esa conciencia de responsabilidad pastoral respecto al bien de España, será también la que se trasluce, turbada y conmovida, en la Carta Colectiva del «Episcopado Español a los Obispos de todo el mundo» (1-VII-1937), elaborada en pleno conflicto civil.

Del breve y emocionado final de la Carta de 1937 parte el supuesto implícito de la posibilidad ética de armonizar «un nacionalismo» particular de una parte de España, con el bien indiscutido de la verdad de la Nación Española. Esta tesis doctrinal del valor primordial y cuasi-constituyente de la profesión de la religión católica para la Nación Española es la que parece deducirse de lo que la Constitución de 1812 afirma en su Art. 12: «La Religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera …» En la identificación con esta tesis, que define confesionalmente la justa configuración pre-política de la Nación española y, consiguientemente, un principio básico de la constitución política del Estado mismo, se encuentra uno de los criterios más decisivos que guiarán la actuación del Episcopado español en sus relaciones en la sociedad y con el Estado hasta 1973.

En el Concordato de 27 de agosto de 1953 se reafirmará el principio de la confesionalidad católica de la Nación Española en su Art. 1. Su incidencia jurídica en el conjunto institucional del propio ordenamiento jurídico del Estado se formula, sin parangón, en el derecho concordatario comparado, en su Art. 2,1. El nuevo Estado, por su parte, en el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, en su Art. VI, había asumido el carácter confesional, si bien en términos más concisos, que los que se emplearán más tarde en el Concordato. La nueva redacción del Artículo, a la que se procede como consecuencia lógico-jurídica de la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967, incorporará un segundo párrafo que asume «la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público». Será después de la firma del Concordato en «La Ley de principios del Movimiento Nacional» cuando la confesionalidad católica de la Nación Española es formulada con expresiones de máxima compenetración con la conciencia nacional y con sus consecuencias de contenido normativo para legislación del Estado. La Conferencia Episcopal Española asume el reto histórico de esa respuesta con un amplio y clarividente documento de 23 de enero de 1973 que titula «La Iglesia y la Comunidad Política».

La Constitución de 1978 y los Acuerdos de 1976 y de 1979 -el Acuerdo básico de 28 de julio de 1976, ratificado el 28 de agosto, y los cuatro Acuerdos de 3 de enero de 1979, ratificados el 4 de diciembre del mismo año- consagrarán el cambio del imperativo constitucional de la Unidad Católica como principio pre-político medular de la configuración jurídico-política del Estado por el del derecho a la libertad religiosa bajo el supuesto implícito de que la propia Nación Española en su vertebración social y cultural había dejado de ser homogéneamente católica.

La Iglesia había mantenido siempre su libertad interna a pesar de las posibilidades jurídicas de intervención del Estado en aspectos tan delicados de su vida como el del nombramiento de los Obispos diocesanos a través del derecho de presentación del jefe del Estado, y también la libertad de ejercer su misión de conciencia crítica de la sociedad y de la comunidad política. El período histórico del Estado libre, social y democrático de derecho que inaugura la Constitución de 1978 supondrá para la Iglesia Católica y el Magisterio del Episcopado Español, desde el punto de vista religioso, social y políticamente el tiempo de una nueva perspectiva, la del Concilio Vaticano II, para enfocar y concebir teoría y praxis teológica-pastoral de su relación con la Nación Española y con el Estado-Comunidad Política.

Las consecuencias doctrinales y pastorales en orden a la reformulación de su juicio en torno «al factor nacional» como su condicionante principal, pre-político, social, cultural y religioso, devendrán decisivas. El fenómeno del terrorismo de ETA y su intento de autojustificación en buena medida nacionalista ayudará a comprender el giro que se produce en el punto de mira del Episcopado Español respecto al nacionalismo. La atención pastoral, más concretamente, la magisterial deja de centrarse en la valoración doctrinal de «la Nación» como principal sujeto pre-político, cultural y sociológico del Estado, para pasar a fijarse en la ponderación eclesial y moral de lo que supone «un nacionalismo», llamémosle particular, dentro del conjunto de un Estado (Estado- Nación o simplemente Estado) y de su inserción legal y ético-jurídico en el mismo.

La Constitución Española de 1978, por otro lado, en su Artículo 2, junto con el 3, había dado el paso del reconocimiento de la existencia legítima de «nacionalidades».

La Conferencia Episcopal Española se manifiesta por primera vez a propósito del terrorismo vasco en el documento «Constructores de la paz» de su Comisión Permanente del 28.2.1986. En su cuarto apartado, dedicado al estudio de «Nuestros problemas internos y la paz», se propone ofrecer los criterios del «Magisterio eclesial contemporáneo» que permitan «superar la lacra moral y social del terrorismo». Los Obispos españoles individualmente, antes y después de la publicación de «Constructores de la paz» siempre que ocurrían los atentados terroristas de ETA, se pronunciaron condenándolo con palabras firmes e inequívocas. Desde los años finales del XX, a estas condenas individuales se sumaron «las Notas» de la CEE que se hacían públicas indefectiblemente ante cada acto terrorista de ETA.

Las circunstancias políticas en las que se desarrollaba la acción del Estado para la erradicación legal del terrorismo de ETA a comienzos del XXI -Pacto antiterrorista, Ley sobre Partidos Políticos, Declaración de los Obispos de las tres diócesis vascas, críticas con la Ley, etc.- y muy determinantemente, el desconcierto y las dudas suscitadas entre los fieles católicos y los ciudadanos en general sobre la naturaleza moral del terrorismo y sobre sus posibles justificaciones ideológicas, sobre todo, las derivadas del «nacionalismo» urgían a la Conferencia Episcopal a exponer a la opinión pública tanto dentro de la Iglesia como a toda la sociedad española los elementos básicos de la doctrina moral católica sobre el terrorismo y su aplicación al fenómeno terrorista de ETA. La CEE cumple con su deber magisterial con la publicación de la Instrucción Pastoral «Valoración Moral del Terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias», aprobada en la LXIX Asamblea Plenaria (22-IX-2002).

Instrucción acogida muy favorablemente dentro y fuera de la Iglesia, a  la que no le faltaron críticas muy significativas intra y extra eclesiales. Por eso, en los años 2005-2006, la Conferencia, ante la nueva situación política, condicionada por el atentado cometido en la Estación de Atocha de Madrid y otras estaciones de la Capital de España el 11 de marzo del 2004, publica unas «Orientaciones morales ante la situación actual de España», en el formato magisterial de una nueva Instrucción Pastoral aprobada en la LXXXIII Asamblea Plenaria, el 23 de noviembre del año 2006, vuelve a ocuparse del juicio moral del terrorismo.

La CEE retoma el problema del juicio moral sobre el nacionalismo en la Nota final de la CCXXV de su Comisión Permanente del 4 de octubre de 2012 que lleva el título: «Ante la crisis, solidaridad».

En «la Declaración de la Comisión Permanente ante la situación en Cataluña» de 22 de septiembre de 2017 no se conecta argumentalmente con la doctrina de las dos Instrucciones de la Asamblea Plenaria del 2002 y el 2006. Ni se las cita explícitamente, ni se alude a ellas; aunque tampoco se las contradice ni explícita, ni implícitamente. Es doctrina, por lo tanto, que no ha perdido ni un ápice de su vigencia doctrinal y pastoral.  

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