Pleno de los martes

22-05-18

Martín Villa, Rodolfo,

Reformas para regenerar la vida pública

RESUMEN DE LA PONENCIA

Las cuestiones relacionadas con las consecuencias sociales de la crisis económica y las que afectan al comportamiento de los Partidos Políticos y a la corrupción en la vida pública constituyen las más importantes preocupaciones de los españoles según los sondeos de opinión.

Como consecuencia, parece que pasaremos, al menos en el ámbito nacional, de una situación presidida por el  bipartidismo al protagonismo de cuatro partidos. Esta configuración podrá proseguir tras las Elecciones a celebrar y condicionar la formación del Gobierno. Todo ello, supeditado a las decisiones judiciales pendientes y a la evolución del problema catalán.

Donde hay un corrupto hay un corruptor. Esta situación, es posible, además, por la existencia de la economía oculta que supone, al menos, un 20% del Producto Interior Bruto y por la carencia en Los Partidos Políticos de un control debido sobre su financiación.

Por otro lado, existe un gran desequilibrio entre las distintas Administraciones Públicas en cuanto a lo que cada nivel administrativo ingresa y lo que gasta. La Administración Central apenas gasta el 20% de los ingresos que recauda. La Local, y sobre todo, la Autonómica apenas recaudan el 20% de lo que gastan. La “alegría” en el gasto puede ser favorecida por un “esfuerzo” recaudador, ciertamente, escaso.

Habría de considerarse también que, aun siendo muy positiva, la labor de la Policía y de la Guardia Civil en la averiguación de los delitos, pueda resultar que difundidos los informes policiales sin una intervención judicial se produzcan situaciones no deseables.

Convendría pues, en primer lugar, modificar el sistema de financiación de los Partidos y prohibir terminantemente aportaciones de las empresas.

Junto a las cuotas de los afiliados y las subvenciones públicas la financiación privada debía de ser sólo de las personas físicas y, a través, de una forma análoga a la de la “casilla” religiosa aplicada a los Partidos y a los Sindicatos donde también ha habido escándalos en su financiación.

En otro orden de cosas, parece oportuno un mayor equilibrio entre ingresos y gastos en todas las Administraciones Públicas. Las Cortes Generales aprobarían las Leyes de, todos y cada uno, de los tributos cuyos reglamentos corresponderían al Gobierno de la Nación. Cada impuesto debiera tener una única Administración Pública que lo recaude y la distribución de un único fondo de solidaridad habría de acordarse en el Senado.

La Ley tendría que establecer las obligaciones de los distintos Órganos de Gobierno de los Partidos Políticos en relación con sus finanzas, de forma análoga, a la que se establece para los órganos de gobierno de las Empresas en Las Leyes Mercantiles con la exigencia de responsabilidades, incluidas las penales.

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