Pleno de los martes

05-06-18

De Carreras Serra, Francesc,

La lengua como problema, la democracia liberal como solución

 

RESUMEN DE LA PONENCIA

I. Como recordatorio de lo ya expuesto al final de la sesión de día 5 de junio, los criterios básicos para el uso de las lenguas en la comunidades autónomas con lengua cooficial son los siguientes:

a) Los poderes públicos (centrales, autonómicos y locales), al relacionarse con los ciudadanos, tienen el deber de atenderles en la lengua oficial o cooficial que escojan.

b) Los ciudadanos, al relacionarse con los poderes públicos, tienen el derecho de opción lingüística, es decir, dirigirse a estos poderes usando libremente el castellano o la lengua cooficial.

c) Tanto la lengua oficial como la cooficial están situadas, en cuanto al uso,  en un plano de perfecta igualdad y, por tanto, ninguna puede considerarse como lengua preferente.  

d) En las relaciones entre particulares rige el principio de opción lingüística en el idioma del mundo que prefieran, no teniendo cabida en estas relaciones el término “lengua oficial” dado que los particulares no son poderes públicos.

e) Los poderes públicos pueden llevar a cabo de forma discrecional  medidas de fomento, que en ningún caso pueden vulnerar los derechos y deberes lingüísticos, con objeto de que sea respetado y protegido el  patrimonio cultural lingüístico al que se refiere el art. 3.3 CE.

 

II. En aplicación de estos derechos y deberes lingüísticos a dos ámbitos relevantes, como son la Administración Pública y la enseñanza, las consecuencias fundamentales son las siguientes:

a) Los funcionarios o cargos públicos no tienen un deber individual de conocer las lenguas cooficiales sino que son los órganos públicos quienes deben estar preparados para atender a los ciudadanos. De ello se deriva que en las pruebas de acceso a la función pública, el conocimiento de la lengua cooficial puede ser considerado como un mérito pero no como un requisito. A su vez, en las comunicaciones de los poderes públicos dirigidas al ciudadano en general deben utilizarse ambas lenguas. En cambio, si estas comunicaciones son individualizadas se da preferencia al derecho de opción lingüística y, por tanto, el ciudadano puede escoger la lengua que desee.   

b) En lo que se refiere a la enseñanza, en primaria y secundaria, según sea la lengua vehicular que se utilice, los modelos pueden de dos tipos: separación por razón de lengua (País Vasco) o conjunción lingüística (Cataluña, Galicia, Baleares y Comunidad Valenciana) En el primer caso, se establecen tres modelos (sólo castellano, sólo vasco o mixto); en el segundo, ambas lenguas (la oficial y la cooficial) deben ser vehiculares y de aprendizaje en proporción razonable de acuerdo con lo que establezca la legislación de desarrollo, sea estatal o autonómica. Finalidad ineludible de los dos modelos es que al final de los estudios los alumnos dominen por igual ambas lenguas. En todo caso, no hay un derecho a recibir enseñanza en sólo una de las dos lenguas, aunque la legislación puede establecerlo si lo considera conveniente.

 

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