23 enero 2024

Derechos y garantías en tiempos digitales. Examen de casos y nuevas orientaciones

Resumen de la ponencia

Entre las consecuencias del constante y profundo cambio al que asistimos desde hace años en las tecnologías de la información y de las comunicaciones se encuentra la migración de múltiples actividades públicas y privadas de variada naturaleza al espacio virtual que ofrecen las redes. Nos desenvolvemos cada vez más en ese mundo y todo parece apuntar a que la vía telemática será el cauce por el que necesariamente deberemos relacionarnos con las Administraciones Públicas y con las entidades y sujetos privados cuyos servicios y prestaciones necesitamos o deseamos.

Durante la pandemia, además, se intensificó el recurso al teletrabajo en todos aquellos sectores en que no es imprescindible la presencia física en la sede del empleador. Ciertamente, se han aprobado ya disposiciones como la Ley 10/2021, de 9 de julio, sobre el trabajo a distancia, y de tiempo atrás existen regulaciones sobre los servicios en la sociedad de la información –la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico– a las que se han añadido recientemente el Reglamento 2022/1925, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 1828 (Reglamento de Mercados Digitales). Y el Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

Mientras tanto, en el ámbito público hemos llegado a los tiempos de la que se ha venido en llamar Administración Electrónica, ahora contemplada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público.

No obstante, pese a crecer a ritmo exponencial la legislación sobre la materia, los textos sobre derechos fundamentales permanecen sin modificaciones. A lo sumo incorporan desde principios del siglo XXI, bien formalmente, bien de manera material el derecho a la protección de datos, pero no se han incluido en ellos previsiones específicas sobre las exigencias que esos derechos imponen en este ámbito virtual en el que pueden confundirse planos que en la sociedad exclusivamente analógica ha sido posible distinguir con relativa claridad. Ni siquiera la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la más moderna de las declaraciones, da ese paso.

Y, en efecto, se plantea el problema de diferenciar el medio a través del que se entablan las relaciones virtuales y su contenido material. Además, nos encontramos con que, frente al planteamiento tradicional que afirma los derechos frente a los poderes públicos, ahora es especialmente necesario esgrimirlos frente a sujetos privados, muchos de los cuales, por añadidura, no están radicados dentro del territorio de la Unión Europea, con lo que surge la dificultad añadida de buscar la manera de sujetarlos a su ordenamiento jurídico y al de los Estados que la integran.

En este escenario, mucho más complejo en la realidad de lo que apuntan las anteriores consideraciones elementales, nos encontramos con que, de un lado, los tribunales de justicia están abriendo camino en esta materia o, al menos, han debido precisar de qué manera se proyectan algunos derechos fundamentales en estas relaciones digitales o virtuales. Y, de otro, vemos cómo el legislador traslada en algunos campos principios y figuras ya conocidos al contexto actual. En fin, las nuevas regulaciones de los mercados y de los servicios digitales y la que se apunta para la inteligencia artificial presentan nuevas pautas, algunas ya adoptadas por el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos. Me parece interesante detenerme sobre estos tres aspectos para poner de manifiesto sus extremos más destacados.