El Informe Draghi, encargado por la Presidenta de la Comisión Europea, como el Informe Letta, encargado por el Consejo de Ministros de la UE, ambos entregados en 2024, abordan la baja competitividad de la UE y debilidades del Mercado Único en comparación con EEUU y China. Ambos informes proponen la transformación radical de muchas políticas de la UE. En especial, el Informe Draghi se centra en diez grandes sectores (Energía, Materias primeras críticas, Digitalización y tecnologías avanzadas, Industrias intensivas en energía, Tecnologías netas, Automoción, Defensa, Espacio, Farmacéutico, Transporte). Y añade cinco grandes medidas transversales u horizontales destacando, quizás como la más importante, un conjunto de reformas institucionales y jurídicas para “fortalecer la Unión”.

El retraso y dependencias tecnológica, energética y de seguridad amenazan no sólo nuestra competitividad, sino también la soberanía europea (en el sentido de capacidad de decisión propia y de control de nuestro destino). Todo ello en un mundo en el que dependencias de unos se están convirtiendo en palancas de influencia política y económica decisivas para otros hasta lograr el vasallaje de los Estados que no poseen su misma fuerza económica y militar.

El Informe Draghi presenta un diagnóstico sombrío de la evolución de la UE, si bien es  optimista cuando afirma que Europa tiene las bases necesarias para convertirse en una economía altamente competitiva si se actúa a tiempo. Destacan en sus reflexiones la importancia de aumentar las inversiones públicas y privadas en sectores clave y reparar las rutinas e ineficiencias del sistema de gobierno de la UE.

Entre las medidas trasversales que pueden sacar a la UE del marasmo es el fortalecimiento del sistema de gobierno de la UE. Se evalúan cuáles se pueden usar ya (corto plazo de estos meses); otras en el medio plazo y todas reúnen al menos esa potencialidad; y quizás de éstas un par de ellas puedan llegar al largo plazo. Y a diferencia de las diez políticas materiales que hay que “revolucionar” a base de 800.000 mil millones de euros al año, las medidas trasversales para fortalecer el gobierno de la UE son prácticamente a coste cero y serían un cambio con efectos multiplicadores extraordinarios.

En concreto, en primer lugar, propone la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo de la UE para acelerar la toma de decisiones.  Esta medida es correcta, sin duda, si bien sería recurrir a la revisión simplificada del Tratado, prevista en el art. 48.7 TUE. Potro lado, no se permite su uso con carácter general pues los Tratados blindan algunas unanimidades a una revisión con todas sus fases y nada fáciles. Pero no es descartable la opción.

En segundo lugar, para que grupos de Estados miembros avancen aunque no haya consenso o la mayoría requerida, Draghi propone el uso de cooperaciones reforzadas, tanto cuando no se logre la unanimidad o la mayoría cualificada. No es una novedad: está previsto en el art. 20 TUE y se desarrolla en 329 TFUE desde la reforma de Ámsterdam (2007) y se ha utilizado en casi una veintena de ocasiones. Debe utilizarse mucho más en esta situación crítica pues bastan nueve Estados para que la UE siga avanzando con un núcleo de vanguardia.

En tercer lugar, si fracasa o no son adecuadas las anteriores opciones, propone acudir al marco jurídico paralelo del Derecho Internacional, como en precedentes históricos pasados: tratados intergubernamentales clásicos entre grupos voluntarios de Estados miembros. Aunque no alude al Tratado Schengen -que es el precedente de éxito más claro-, en estos precedentes se crea un marco jurídico paralelo al Derecho de la UE que puede atraer al conjunto de los Veintisiete como h sucedido con el antiguo acuerdo Schengen.

En cuarto lugar, propone acudir a un precepto casi olvidado del TFUE (art. 122) que permite ante emergencias económicas adoptar medidas extraordinarias; este precepto del TFUE fue “descubierto” durante la pandemia y de nuevo ante la crisis energética ocasionada por la agresión rusa a Ucrania.

En quinto lugar, propone un uso más extenso y profundo de los mecanismos existentes de control del principio de subsidiariedad. Con carácter general propone reorientar las actuaciones normativas de la UE para que se centre en ámbitos en los que pueda ofrecer un valor añadido y no concurra o duplique a los Estados miembros. También critica la sobrerregulación de los Estados con ocasión de la transposición de directivas u otros desarrollos para sobrecargar con nuevas exigencias y romper la unidad regulatoria.

En sexto lugar, dedica mucho esfuerzo para exigir la simplificación normativa a fin de reducir la carga regulatoria y administrativa de Estados y empresas, mejorando así la competitividad y la seguridad jurídica.

En séptimo lugar, las propuestas se cierran con críticas a la falta real de coordinación de la competitividad y la propuesta de modificar el Semestre Europeo y crear un nuevo Marco de Coordinación de la Competitividad para supervisar básicamente las políticas fiscales.

El informe subraya la importancia de mantener el apoyo ciudadano para las reformas. Los Eurobarómetros recientes muestran que la confianza en la UE está en su nivel más alto en diecisiete años. En conclusión, dadas las sumas en juego y lo que está en juego, nada avanzará sin una reorganización de las dinámicas de trabajo en la Unión Europea y en los Estados miembros.