5 marzo 2024
Mª Emilia Casas Baamonde

En el año europeo de las competencias, hacia la década digital

Resumen de la ponencia

Las habilidades y competencias profesionales de las personas han sido siempre relevantes para el trabajo/empleo, su remuneración, su conservación y sus condiciones de vida. La posesión de competencias o habilidades adecuadas proporciona, como en el pasado, mayores y mejores oportunidades de empleo. La diferencia es que ahora y en el futuro inmediato esas competencias laborales o profesionales requerirán de una mejora (perfeccionamiento profesional) y una actualización o readaptación continuas (reciclaje profesional) por causa de las modificaciones experimentadas por la economía y los mercados de trabajo por el cambio climático y la digitalización, en permanente aceleración, con sus consecuencias de aparición de nuevos mercados, nuevos modelos de negocio,  nuevos empleos y nuevas formas de trabajar. La diferencia radica también en que el envejecimiento o la longevidad poblacional de los países de economías avanzadas causan escasez de habilidades profesionales, esto es, escasez de trabajadores con las competencias adecuadas a la demanda de trabajo ante la aceleración imparable de las tecnología. La diferencia es, pues, que las competencias se han convertido en un desafío clave de nuestro tiempo, la cualificación profesional es el instrumento que permitirá el acceso y el mantenimiento del empleo, o dicho de forma mas ajustada, la mayor la transición de la mano de obra al nuevo mundo del trabajo en la era digital.

La Comisión, en su Comunicación Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para la Década Digital, de 9 de marzo de 2021, destacó que la Covid-19 había acelerado el proceso de digitalización y manifestado las vulnerabilidades del espacio digital europeo y avisó de la falta de trabajadores con competencias digitales adecuadas y del desequilibrio de género entre los especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones y entre los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, estableció el programa estratégico de la Década Digital para 2030 y fijó las metas digitales que, mediante un mecanismo de cooperación anual de la Comisión y los Estados miembros y de seguimiento por aquélla,  habían de conseguirse hasta aquel año, entre otras, una población con capacidades digitales básicas, al menos del 80 % de las personas de entre 16 y 74 años, profesionales del sector digital altamente cualificados y un mínimo de 20 millones de especialistas en TIC empleados en la Unión, con equilibrio de género;y la transformación digital de las empresas, de modo que, al menos, el 75 % hayan adoptado servicios de computación en nube, o macrodatos o inteligencia artificial y  más del 90 % de las pymes hayan alcanzado un nivel básico de intensidad digital.

En consonancia con el valor estratégico de las habilidades profesionales y de su adecuación a la sociedad digital y la evitación de su obsolescencia, y tras una profusa serie de iniciativas que arrancan de 2010, de las “Orientaciones Integradas Europa 2020”,  la presidenta Von der Leyen propuso en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, el 14 de septiembre de 2022, declarar  2023 como Año Europeo de las Competencias. La Comisión aprobó su propuesta para el Año Europeo de las Competencias el 12 de octubre de 2022. El siguiente 8 de diciembre los ministros del Consejo de Empleo y Política Social acordaron la posición del Consejo sobre la propuesta de Decisión para designar 2023 como Año Europeo de las Competencias. Ya en 2023, el 9 de febrero el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo de las Competencias 2023, alcanzándose el 7 de marzo de 2023 el Acuerdo Político del Parlamento Europeo y de los Estados, ratificada por la Decisión (UE) 2023/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, relativa al Año Europeo de las Competencias, declarado desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 8 de mayo de 2024, con el objetivo general de “fomentar una mentalidad más centrada en el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales de conformidad con las competencias, el Derecho y las prácticas nacionales”, así como con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su reconocimiento del derecho de toda persona a “una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral”, con la Agenda de Capacidades Europea y con los objetivos del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales de 4 de marzo de 2021, reiterados en el Compromiso Social de Oporto, de 7 de mayo de 2021 (una tasa de empleo del 78 % para la población entre 20 y 64 años, participación del 60 % de los adultos  en actividades de formación cada año, y la reducción del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones de personas). El fomento del reciclaje y el perfeccionamiento profesionales impulsará la competitividad de las empresas de la Unión, en particular de las pymes, y contribuirá a la creación de empleo de calidad, permitiendo aprovechar el potencial de la doble transición ecológica y digital de manera socialmente justa, inclusiva y equitativa.

La Comisión anunció que la Unión se basaría en numerosas iniciativas ya en curso aprobadas en ejercicio de sus competencias de apoyo, coordinación y complementación de las de los Estados en educación y formación profesional y de coordinación de las políticas de empleo estatales en el marco del semestre europeo. Presentan particular interés laResolución del Consejo sobre un nuevo plan europeo de aprendizaje de adultos 2021-2030, de 21 de noviembre de 2021,  y sus Recomendaciones, ambas de 16 de junio de 2022, sobre las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad y sobre las cuentas de aprendizaje individuales,  que introducen mecanismos que ayudan a las personas a actualizar o completar sus capacidades de manera flexible y adaptada, también en el trabajo, en una nueva cultura del aprendizaje permanente. Para su apoyo técnico y financiero, dirigido a las inversiones de los Estados y privadas en el perfeccionamiento y reciclaje profesionales, ofreció entre otros fondos, el Fondo Social Europeo Plus, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o el Programa Europa Digital.

En todos los países de la Unión se ha abierto un nuevo tiempo para el reconocimiento de un “derecho” de formación continua, de aprendizaje permanente, de personas adultas. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, camina en la buena dirección de la formación profesional dual. Es imprescindible una nueva reforma del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que los permisos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo sean retribuidos o cuenten con rentas de sustitución, la formación de adaptación a los cambios del puesto de trabajo no se dirija exclusivamente a evitar el despido objetivo, y se aumenten las cuentas de formación de los trabajadores minúsculas de dos días y medio -20 horas- anuales acumulables en períodos de hasta cinco años, lo que arroja siquiera 15 días de formación en un lustro de trabajo, formación que, además, se entiende cumplida “cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva”. El ordenamiento laboral debe cubrir las pasarelas o transiciones entre el trabajo y la formación permanente y la movilidad contractual, disponiendo un marco facilitador. Esta concepción del ordenamiento laboral, “mas allá del empleo”, precisa aumentar la inversión, pública y privada, en las capacidades de las personas, de modo que la financiación de los mecanismos de formación permanente no recaiga ni necesariamente ni únicamente sobre las empresas. La formación continua, a lo largo de la vida, es el gran tema del diálogo social y la negociación colectiva.