20 febrero 2024
Francesc de Carreras

La amnistía: Cuestiones constitucionales

Resumen de la ponencia

La proposición de ley de amnistía presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha suscitado un amplio debate político y jurídico. Esta ponencia se centra en el aspecto jurídico, en concreto si la amnistía tiene cabida en nuestro orden constitucional y si este texto en concreto podría ser constitucionalmente aceptable. No obstante, para comprender esta cuestión, no pueden olvidarse dos aspectos de carácter político previo.

Primero, el creciente desbordamiento, en los últimos años, de nuestra democracia constitucional por actuaciones del Gobierno amparado en su mayoría parlamentaria y del primer partido de la oposición al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello fomenta el desprestigio de la política y de los políticos, así como la erosión de nuestras instituciones.

Segundo, la necesidad perentoria por parte del PSOE, tras las elecciones del 23 de julio pasado, de conseguir los votos de los partidos nacionalistas catalanes – apoyados por los demás partidos nacionalistas y populistas – para revalidar la investidura de su candidato Pedro Sánchez. Aparte de los pactos con los partidos dispuestos a dar soporte al candidato socialista, la primera cuestión que se planteó, especialmente por parte de Junts (el partido del ex-presidente Puigdemont), era  una ley de amnistía tramitada por vía de urgencia.

En este contexto político hay que analizar tal proposición de ley y su encaje constitucional. Esta ponencia concluye que tal encaje no es posible (art. 117.3 CE) y que el texto concreto de la proposición de ley es arbitrario y, por tanto, inconstitucional (art. 9.3 CE).  Veamos ambos aspectos.

a) La Constitución no menciona el término amnistía pero tal aparente silencio no implica que sea constitucionalmente lícita. El art. 117.3 CE establece que «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (…)».   

El término «exclusivamente» cierra la posibilidad de que corresponda a otros poderes la función de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» y la remisión a una ley que complemente tal atribución («determinados por las leyes») lo es únicamente a Juzgados y Tribunales, no a otros órganos, tales como el Congreso y el Senado, para que, como es el presente caso,  otorguen la amnistía por medio de una ley. La Constitución, por tanto, no prohíbe de forma expresa la amnistía pero sí de forma tácita: el legislador no puede desempeñar la función que corresponde «exclusivamente» a jueces y magistrados, es decir, al poder judicial.

b) La proposición de ley de amnistía es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad garantizado en el art. 9.3 CE. La arbitrariedad es lo opuesto al Derecho ya es aquel acto o procedimiento dictado por  la sola voluntad o capricho del autor sin respetar ningún límite jurídico. El Tribunal Supremo ha utilizado calificativos como caprichoso, incoherente, desproporcionado y falto de toda justificación razonable, para sostener que un poder se ha ejercido de forma arbitraria. El art. 9.3 CE extiende la interdicción de la arbitrariedad a todos los poderes, tanto ejecutivo como judicial o legislativo.

¿Cómo puede probarse que un órgano ha actuado de forma arbitraria? Acudiendo a su motivación, que debe justificarlo mediante argumentos racionales y razonables, respetuosos con los principios de igualdad,  proporcionalidad y coherencia con el fin pretendido. ¿Dónde encontramos la motivación de una ley? Básicamente en su exposición de motivos, en el debate parlamentario y en las circunstancias políticas que han considerado conveniente tramitarla.

Pues bien, analizados los aspectos más importantes de la extensa exposición de motivos, se concluye que no hay razones para pensar que la ley responde a los argumentos que allí se aducen: el interés general, la convivencia, la cohesión social, dar comienzo a una nueva etapa de paz y armonía, de entendimiento y diálogo, tras finalizar un período  muy conflictivo y de graves perturbaciones.

Muchos de estos falaces argumentos están basados – de acuerdo con lo que se dice en la exposición de motivos y en el contexto político que da lugar a la proposición de ley – en tergiversaciones, falsedades y ocultaciones cuyo fin es esconder su verdadero objetivo: obtener los site votos del grupo parlamentario Junts, imprescindibles para que Pedro Sánchez sea investido como presidente del Gobierno. Un objetivo que no justifica, en modo alguno, una amnistía, si tan excepcional figura jurídica tuviera cabida en nuestro orden constitucional. 

En conclusión, (i) la proposición de ley invade materias que son competencias de jueces y magistrados; (ii) es una decisión arbitraria del legislador porque no está en modo alguno justificada. La primera razón (i) impide que cualquier amnistía tenga cabida en la Constitución; la segunda (ii), que esta concreta proposición de ley, aunque la amnistía tuviera cabida en la Constitución, sería una decisión arbitraria, y por tanto inconstitucional, del legislador.