30 mayo 2023
Alfonso Novales Cinca

La evaluación de políticas públicas en España: equívocos e incumplimientos

Resumen de la ponencia

La evaluación de políticas públicas es importante porque proporciona una información imprescindible para mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, tal como pide nuestra Constitución. Una segunda motivación es la rendición de cuentas a los ciudadanos, quienes proveen los recursos y para cuyo bienestar se han escogido, supuestamente, las políticas implementadas.

Los análisis comparados muestran que la evaluación rigurosa de políticas públicas es todavía una asignatura pendiente en España, lo cual no hace sino reflejar cierta despreocupación por una rigurosa rendición de cuentas de los gestores públicos.

La evaluación comenzó a ser tomada en consideración en España tras la entrada en la actual UE. En 2007 se creó la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas (AEVAL). Contó con escaso personal cualificado y era excesivamente dependiente del poder ejecutivo. Realizó estudios sobre la “calidad de los servicios públicos”, pero apenas hizo nada en términos de evaluación de impacto de programas y políticas públicas. Fue sustituida en 2017 por un Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, con rango de subdirección general, dentro de la Secretaría de Estado de Función Pública.

La Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), creada en 2012 introdujo el requisito de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) para toda nueva normativa, así como la aprobación anual de un Plan anual Normativo y un Plan anual de Evaluación Normativa, que ya se habían introducido en la ley del Gobierno de 1997.

El intento más reciente de reforzar la evaluación de las políticas públicas antes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han sido los llamados Spending Reviews (revisiones de gasto) realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público.

En este contexto se aprobó la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas, ley 27/2022, de 20 de diciembre de 2022. La ley crea un entramado de organismos e informes que paso a describir. Se crean 3 organismos estatales: la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, la Comisión Superior de Evaluación, y el Consejo General de Evaluación, en el que estará representada la sociedad civil. Además, se crearán unidades de coordinación de la evaluación de políticas públicas en cada Ministerio. En cuanto a qué evaluar, la Ley establece un Plan de Evaluaciones Estratégicas (PEE) del Gobierno, de carácter cuatrienal, así como Planes departamentales de Evaluación, uno por ministerio, de carácter bienal. La ley genera también una notable carga administrativa, sin dejar clara su utilidad. Requiere realizar un análisis de Evaluabilidad “de (todos) los anteproyectos, programas, planes estratégicos y toda iniciativa que desarrolle políticas públicas”.

La ley es escasamente ambiciosa acerca del ámbito tanto de la evaluación ex-ante como de la evaluación ex-post. Deja, además, una excesiva ambigüedad respecto a quién evaluará, así como a los tipos de evaluación que se llevarán a cabo. Una última dificultad surge porque la ley establece que la evaluación se diseñe una vez implementada la política pública objeto de evaluación, sin haber dispuesto a lo largo de su aplicación la recogida de la información estadística precisa, lo cual limita en gran medida las posibilidades de llevar a cabo una evaluación rigurosa.

La Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas no genera mucho optimismo respecto a avances significativos en tan importante esfera de la gestión pública. Se ha optado por recuperar la antigua AEVAL sin abordar los tres problemas que causaron su fracaso: una reducida dotación presupuestaria y de personal, dificultad para acceder a personal con los conocimientos técnicos necesarios y la ausencia de incentivos para someter las iniciativas políticas a un análisis riguroso por parte de evaluadores que estarán excesivamente cercanos a los organismos evaluados.

La ponencia finaliza con propuestas para mejorar el marco regulatorio de la evaluación de políticas públicas en España. Contiene un primer apéndice sobre metodologías de evaluación y un segundo apéndice sobre experiencias internacionales en esta materia.