La gobernanza de las universidades españolas es un tema que merece reflexión, entre otras razones por las consecuencias que tiene sobre la posición de nuestro país en el mundo de la ciencia y el pensamiento, y también sobre la productividad, la renta y en última instancia sobre el bienestar de la ciudadanía.

La idea de que la gobernanza es importante está en línea con teorías recientes en el campo del crecimiento y el desarrollo económico, que apuntan a la relevancia de la calidad de las instituciones para que una economía se desarrolle. De igual forma que en ocasiones las barreras al desarrollo de los países están en sus instituciones, la gobernanza de las universidades puede ser un obstáculo a un desempeño exitoso. Las instituciones pueden estar en segundo plano, ser menos visibles, pero tienen una importancia de primer orden.

Tras un análisis de la posición de España en los rankings internacionales, se observa que las universidades españolas en general no alcanzan posiciones destacadas en Artes y Humanidades o en Ciencias Sociales. Los países que dominan los rankings (Estados Unidos y Reino Unido) tienen en común ciertos aspectos de gobernanza que probablemente vienen determinados por elementos históricos y legales comunes. Se presentan varios estudios econométricos que indican que una mayor autonomía y competencia universitaria tienen la capacidad de mejorar el desempeño y no se trata de una mera correlación.

La universidad española está altamente regulada, disfruta de poca o ninguna autonomía en la selección de los estudiantes, el profesorado o su retribución y no obtiene una parte significativa de sus fondos en concurrencia competitiva. Además, el modelo de financiación de la universidad española, con bajas tasas de matrícula y un sistema poco desarrollado de ayudas financieras a los estudiantes, tampoco se corresponde con el de los sistemas universitarios de mayor éxito.

Se concluye que es precisa una reforma de la gobernanza de la universidad española para dotarla de mayor autonomía universitaria y adaptar las instituciones de gobierno universitario a un entorno competitivo y de rendición de cuentas a la sociedad.