La ponencia pretende encontrar el significado del término Nación española utilizando los métodos de interpretación y argumentación jurídica, nos desde las muchas otras perspectivas posibles (historia, filosofía, sociología, antropología…).
Parte de una distinción entre la idea de nación jurídica (o política) y nación cultural (o identitaria). La nación jurídica, recogiendo las ideas de Sieyès, es aquel conjunto de individuos que viven bajo una ley común, están representados por un mismo parlamento y en ellos reside la soberanía. La nación como realidad cultural es aquel conjunto de individuos unidos por ciertos rasgos comunes (lengua, religión, raza, derecho, tradición, historia, costumbres, manera de ser…) que les otorgan un sentido de comunidad distinto a los de su entorno. Si a la nación jurídica la distingue la ley basada en los valores de libertad e igualdad, a la cultural los distintos rasgos antes enumerados.
En las constituciones históricas españolas – empezando por la de Cádiz hasta la actual – el término nación, cuando ha sido utilizado, se le ha dado siempre el significado de nación jurídica y en ningún caso de nación cultural. En las constituciones progresistas la soberanía residía en la nación y las moderadas no mencionaban el término ya que evocaba la idea de pueblo y, por tanto, de democracia. La Constitución de 1931 tampoco la mencionaba y utilizaba otros términos como España, República o Estado, todos ellos con significados distintos.
La Constitución de 1978 sigue la tradición liberal-democrática iniciada en Cádiz al considerar a la nación como el conjunto de ciudadanos. Ello se infiere claramente del mismo Preámbulo y de los arts. 1.2 y 2 CE: la soberanía reside en la Nación – término que es equivalente a pueblo, es decir, a conjunto de ciudadanos – y de esta nación/pueblo emanan los poderes del Estado, es decir, todos sus órganos organizados conforme a los principios del Estado de derecho.
Además, esta soberanía de la Nación, o del pueblo, sigue latente, no se acaba con la promulgación de la Constitución sino que se prolonga en el tiempo debido a su capacidad de revisar la misma conforme a las reglas establecidas en el Título X CE dedicado a su reforma. Por tanto, el actual pueblo español sigue siendo soberano al poder reformar la Constitución de acuerdo con lo regulado en ese título. Además, la proclamación del artículo 2 sobre la unidad e indisolubilidad de la Nación española es consecuencia de que la soberanía, por definición, no es divisible al expresarse como un poder originario, supremo y excluyente.
Cuestión distinta es que el Estado entendido como conjunto de poderes no solo puede sino que debe dividirse en virtud de que el principio de separación de poderes es un elemento esencial de la idea de Estado de derecho y, en el caso español, esta división no sólo es horizontal – legislativo, ejecutivo, judicial – sino también vertical – instituciones centrales, comunidades autónomas y entes locales -.
En conclusión, el término nación española es utilizado en la Constitución en su sentido jurídico y es equivalente a pueblo español, en el que reside la soberanía de la que emanan los órganos del Estado. En ningún caso, figura en la Constitución el término nación en su sentido cultural. En todo caso, esta condición puede predicarse, en cierto sentido, de las comunidades autónomas de acuerdo con el art. 143 CE que hace referencia a que están formadas por provincias limítrofes con «características históricas, culturales y económicas comunes» y también las «provincias con entidad regional histórica», de acuerdo con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones establecido en el artículo 2 CE.
