31 enero 2024

La querella argentina y la Transición / Rodolfo Martín Villa

Resumen de la ponencia

Es conveniente describir, en primer lugar, el contexto que propició una querella en la cual se afirma que en la Transición hubo una plan generalizado y sistemático para eliminar a partidarios del régimen democrático, todo lo contrario a lo que fue la Transición. También hay que explicar por qué fue presentada y atendida la querella en un Juzgado de Argentina y razonar la decisión de declarar voluntariamente sin acogerse a la prescripción de los hechos ni a que les sería de aplicación la Ley de Amnistía de 1977. Una decisión que pudo cumplirse al revocar la Cámara de Apelación en 2017 la orden de detención dictada por la jueza en octubre de 2014.

Durante mucho tiempo “la Transición gozó de muy buena salud” y no existía contestación a un muy compartido sentimiento de orgullo por ese proceso. La situación cambió con el protagonismo de nuevos sectores de la izquierda y de otros comprensivos con el terrorismo, el único enemigo que la Transición tuvo. Surge un relato revisionista, la “nueva historiografía”, y se hace presente la “Justicia retrospectiva”.

No obstante, una sentencia del Tribunal Supremo en 2012 determinó que el sistema penal español no permite investigaciones judiciales que no desemboquen en una sentencia de culpabilidad o inocencia.

Con el primer Gobierno de Suárez -no democrático, pero que culmina con una España democrática tras las elecciones de 1977- fueron suscritos Tratados y Convenios internacionales que trasladaron a la legislación española derechos y libertades, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De ese modo las libertades quedaron consagradas en España antes de las elecciones.

Durante muchos años los jueces españoles no admitieron las querellas sobre hechos del pasado porque los delitos, “si los hubiere”, estarían prescritos o amnistiados. Algo no tranquilizador, por otra parte, en una situación en que el enfrentamiento político genera más bien presunción de culpabilidad que de inocencia. Por eso convenía responder en los tribunales, aunque fuera en Argentina.

La querella -promovida en abril de 2010 y en la que tres años después se incluyen los sucesos de Vitoria de marzo de 1976-, fue presentada en Buenos Aires por la inadmisión, ya señalada, de la Justicia española a iniciativas similares. En cambio, fue admitida en Argentina muy probablemente por la experiencia de ese país con la Ley de Punto Final, aunque nada hay de equiparable entre esa Ley y la de Amnistía aprobada por las Cortes democráticas españolas en 1977.

Por ello era conveniente dirigirse al Juzgado y a las Cámaras de Apelación y de Casación con el propósito de que las decisiones judiciales no solo consideraran los aspectos jurídicos sino que reconocieran lo que verdaderamente fue la Transición española.

Por parte del Juzgado no ha habido una verdadera investigación judicial, se ha admitido sin más las posiciones de la querella.  Y llama la atención que, en un indudable intento de dilatar la “presunción de culpabilidad”, se haya dejado pendiente de resolución lo referido a hechos ocurridos en la semana pro-amnistía de 1977.

La Cámara de Apelación revocó en diciembre de 2021 el Auto de Procesamiento dictado por la jueza en octubre de ese año, y la revocación fue confirmada por la Cámara de Casación en septiembre de 2022 al no admitir el recurso presentado por la querella.

No obstante, existe la incógnita de si la jueza proseguirá con nuevas imputaciones y también sobre qué sucederá en España si se plantean en los tribunales iniciativas que se acojan a la Ley de Memoria Democrática de 2022.