La implantación en diciembre de 2013 de la Ley 19/2013, ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno supuso un cambio fundamental en el acceso de los ciudadanos a la información. El progreso de España en materia de transparencia en estos diez años es, en algunos aspectos, muy llamativo: una sociedad que era desconocedora de su derecho de acceso a la información, ha ido generando una importante sensibilidad acerca de este derecho.

Sin embargo, incluso ateniéndonos exclusivamente a las obligaciones impuestas por la ley de Transparencia, queda aún mucho por hacer. Una evaluación reciente a 164 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno muestra un grado de cumplimiento de las obligaciones de la ley de Transparencia de tan sólo un 45%.

La despreocupación por la transparencia tiene dos tipos de consecuencias, no independientes: a) imposibilitar la evaluación de políticas públicas por parte de investigadores y analistas, vaciando con ello de contenido una posible rendición de cuentas, y b) dificultar la lucha contra la corrupción. Esto es preocupante, porque la gestión de los recursos públicos debe ir necesariamente acompañada de una estructura rigurosa de evaluación de las políticas públicas, así como de una rendición de cuentas de los gestores públicos, todo ello en un contexto de total transparencia hacia los ciudadanos, pues dotan de legitimidad al sistema democrático al reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y su administración.

La ponencia describe una lista de mejoras a introducir en una futura reforma, hace tiempo anunciada, de la ley de Transparencia; entre otras, crear un registro de lobbies, y hacer públicas las agendas de altos cargos.

Pero en una sociedad plenamente democrática, la transparencia es algo más que el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. En la vida cotidiana de una sociedad, ña transparencia se puede ver mediatizada por: a) unos deficientes canales de comunicación con la administración, b) una baja calidad normativa, y c) una deficiente estrategia de comunicación política. En la ponencia se examina el modo de mejorar la calidad de estos tres aspectos.

Por último, se hace referencia al recientemente anunciado Plan de Regeneración Democrática, así como a la creación de un grupo de asesores científicos para los ministerios. Si se desarrollan correctamente, ambas actuaciones pueden mejorar la transparencia y, con ello, la calidad de nuestro sistema de representación política.