La publicación de la Ley 10/2012 por la que se extendió a las personas físicas la tasa para utilizar la Administración de Justicia en los ordenes civil, contencioso y social y la remisión al Congreso del proyecto de una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita, dio lugar a reacciones generalizadas y hasta muy violentas, principalmente en el ámbito de los profesionales afectados.

Se planteó una vez más en la historia de la Justicia cuestiones tan clásicas como la financiación de los servicios y la litigiosidad, tan vinculadas a las de las tasas judiciales.

Hizo una completa exposición de las razones alegadas a lo largo de la polémica tasa, para terminar resumiendo su posición en unas sucintas conclusiones con las que cerró su intervención.