El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aplica en España el presupuesto recibido del fondo Next Generation de la UE, ofrece una oportunidad única para modernizar la estructura económica y social del país, sentando las bases para un progreso sostenido y el bienestar de las generaciones futuras.
Pero no ha nacido como acuerdo parlamentario, y se ha elaborado sin acudir a quienes desde la sociedad civil podían haber aportado propuestas de objetivos, líneas de actuación, y políticas concretas. No se ha contado con el sistema de ciencia para la selección de proyectos, ni tampoco se cuenta con él para su evaluación a posteriori, que está mediatizada por la ausencia de objetivos cuantitativos en las convocatorias del Plan.
En algún momento futuro, alguien podrá describir los logros alcanzados bajo el Plan, pero una verdadera rendición de cuentas habría requerido motivar los objetivos de largo plazo escogidos y los programas seleccionados para alcanzarlos, e incluir en ellos una estimación de resultados que pudiera compararse con los finalmente logrados, explicando las desviaciones que pudieran producirse.
El diseño escogido para la selección de políticas, desde abajo hacia arriba, se presta a ineficiencias: no habiendo un objetivo finalista, pueden aceptarse propuestas que se hubieran llevado a cabo en todo caso; es dificil lograr una coherencia entre las distintas actuaciones, y también lo es no dejar lagunas sin cubrir. El procedimiento de convocatorias puesto en marcha resulta complejo burocráticamente y costoso, por lo que las empresas pequeñas y medianas pueden tener grandes dificultades de acceso. Tampoco es evidente qué convocatorias se abrirán próximamente, y el breve plazo de las mismas dificulta la participación de las pymes.
Hubiera sido preferible escoger unas pocas “misiones”, que habrían dado indicación clara de las políticas necesarias para lograrlas, involucrando a muchos estamentos sociales; tendría además la ventaja de una mayor transparencia para los ciudadanos, facilitando que estos se sintieran implicados en el proyecto.
Frente a la posibilidad de crear una agencia autónoma suficientemente dotada de personal y medios, se ha optado por un aparato de gestión modesto, basado en una comisión interministerial, presidida por el presidente del gobierno, con una Comisión Técnica de apoyo, y otorgando un papel importante a la comisión sectorial de las CCAA; la práctica imposibilidad de este sistema por hacer seguimiento de los proyectos puede explicar que se esté siguiendo una estrategia que consiste básicamente en ejecutar gastos en el corto plazo de tiempo comprometido.
Dado que los Planes de recuperación deben tener carácter nacional, se ha optado asimismo por distribuir fondos a las CCAA para su utilización dentro de las grandes líneas definidas por las diez “políticas palanca”; desconocemos cómo se espera coordinar dichas decisiones descentralizadas de proyectos de modo que contribuyan al logro de un determinado objetivo a nivel nacional.
Un riesgo importante es que, finalmente, no exista un claro impulso reformista. Quizá porque pueda pensarse que las importantes inversiones, y la promulgación de nuevas normas sea suficiente para generar el impulso innovador, la transformación digital y la transición ecológica.
El seguimiento de la ejecución de fondos no es sencillo: actualmente no existe un punto de información sobre los compromisos de gasto que se van tomando en las distintas áreas ministeriales, o respecto a los 30 programas (“componentes”) definidos en el documento España Puede, que describe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, o al modo en que las convocatorias resueltas van a afectar a las distintas CCAA.
Confiemos en que las deficiencias apuntadas en esta ponencia acerca del diseño e implementación del Plan español se vayan subsanando lo antes posible.
