La memoria es de cada uno, y la ley es de todos y a todos obliga. La historia se construye con un trabajo científico, que compete a los historiadores, entre cuyas versiones hay lógicas diferencias. No puede ser una aspiración de la política establecer una Historia única ni convertirla en Ley. Menos aun cuando esa Ley, como en este caso, se refiere a una cuestión tan compleja como lo es la más incivil de nuestras guerras civiles.

La Ley de Memoria Democrática dice querer servir a la verdad y al Justicia. En mi opinión, contiene numerosas falsedades, el servicio a la Justicia está ausente y se corre el riesgo de que un procedimiento judicial que no parece pensado para cuestiones penales derive en espectáculo.

La Ley, en su primer artículo, señala que el periodo en que se han podido producir crímenes contra la Humanidad comprende la Guerra Civil y la dictadura hasta la Constitución. Es decir, aquí no ha habido Transición. Se viene a decir que, así como el 14 de abril de 1931 los españoles nos acostamos monárquicos y nos levantamos republicanos, en un día no especialmente bien determinado nos acostamos en el franquismo y nos levantamos en la Constitución. Eso es lisa y llanamente faltar a la verdad. Y, además, al borrar la Transición se hace desaparecer a su único enemigo, que fue el terrorismo.

Si bien no hay una derogación expresa de la Ley de Amnistía, se establece un procedimiento que permite al Ministerio Fiscal investigar hechos que se consideren delitos de lesa humanidad en un periodo que se inicia con la Guerra Civil, sigue con el franquismo y los dos primeros Gobiernos de Suárez. El primero, no democrático y que contribuye a traer la democracia, y el segundo, no constitucional y que termina en una España con Constitución. Ese procedimiento judicial no concluye con una condena o una absolución sino con un documento judicial. No con una sentencia. Eso no sirve a la Justicia. Eso puede conducir a un espectáculo.

La Ley de Amnistía nada tuvo que ver con las leyes de punto final. No se hizo para proteger al primer Gobierno de Suárez, que antes de las elecciones había suscrito la Declaración de los Derechos Humanos y los Tratados sobre derechos y libertades, ni tampoco a su segundo Gobierno, puesto que la Amnistía era para hechos anteriores. No hubo delitos de lesa humanidad bajo aquellos Gobiernos -para que exista ese delito debe haber un plan sistemático y generalizado para eliminar a adversarios políticos partidarios de la democracia- y si se quiere investigar judicialmente no se debería recurrir a la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Cualquier afectado debería tener la posibilidad de que se le enjuicie con las garantías y certidumbres del proceso penal ordinario.

En cuanto al objetivo de ayudar con eficacia a la exhumación de fosas, por supuesto ninguna objeción. Ni tampoco con el deseo de homenaje a las víctimas, que debe abarcar a las de unos y las de otros y servir para honrar su recuerdo, no para un señalamiento de los culpables.