Tres circunstancias coincidentes en el curso de las últimas semanas han recabado la atención sobre la lengua española.

Una es el arranque del “año Nebrija”, al cumplirse en 2022 (2 de julio) el quinto centenario de la muerte de quien puede ser considerado una de las principales figuras del Humanismo europeo, con sitio propio en la galería donde ocupan lugar destacado Erasmo, Maquiavelo, Moro o Vives: el sabio humanista sevillano, Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de una lengua romance, la Gramática de la lengua castellana, publicada en 1492.

Otro motivo de celebración nos lo ha dado al terminar el año pasado el septuagésimo aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El acto formal tuvo lugar en la sede de la Real Academia Española el pasado 10 de diciembre: una sesión, más aún que solemne -con presencia de Sus Majestades los Reyes-, excelentemente organizada para poner en valor la estructura institucional plurinacional que tiene por objeto el cuidado del español, su calidad como lengua hablada y escrita y su unidad.

Pero no todo invita al aplauso. La tercera circunstancia que ha situado entre nosotros al español en primer plano inspira más bien pesadumbre. Se trata de la escalada que está conociendo el denominado “conflicto lingüístico” catalán a partir de lo acontecido en una escuela de Canet de Mar, provincia de Barcelona, después de las medidas cautelares dictadas -ante la reclamación de los padres de un niño- por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, medidas avaladas por el Tribunal Supremo. Lo que ha seguido es bien conocido y revela que la lengua -vehículo de comunicación, de diálogo, de entendimiento- se utiliza como arma arrojadiza y que la escuela se convierte en trinchera política, en estructura orgánica a partir de la cual irradiar el independentismo en las nuevas generaciones. Un planteamiento esencialista de la inmersión lingüística que la transmuta en “inmersión independentista” (Teresa Freixes).

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Tres cuestiones relevantes de la situación actual del español reflejan esos acontecimientos.

El primero atiende a la mayor ventaja competitiva que tiene hoy el español en el mercado global de lenguas: el formidable avance conseguido en la normativización; en su normativización consensuada, gracias al programa lingüístico panhispánico desarrollado con la participación de todas las Academias de la Lengua Española. Un panhispanismo que concibe el español como condominio de los pueblos que lo hablan, y que se articula consecuentemente: trabajo cooperativo en una organización policéntrica y federativa. La creación de ASALE -ya se ha indicado- fue un paso crucial para completar una estructura institucional que canaliza y a la vez estimula la labor normativa compartida a favor de la lengua común. Un caso único de autorregulación. Tarea coral que no deja de prosperar, habiendo conseguido poner a punto en menos de una década las tres principales obras con carácter normativo: diccionario, ortografía y gramática, “las tres columnas que sostienen la unidad del castellano” (Muñoz Machado).

En el mapa internacional de las lenguas, esa condición unitaria, bien aprovechada, puede resultar determinante para el porvenir del español. Como decisiva será también en el campo de la Inteligencia Artificial, pues facilitará que el español que aprendan las máquinas responda a pautas comunes gramaticales y lexicográficas. Otra vez aquí la iniciativa de la Real Academia Española es digna de elogio. Supo dicha corporación desde los años finales del siglo XX adelantarse y abrir un proceso de producción y desarrollo de recursos lingüísticos digitales que en poco más de dos décadas la ha situado en la vanguardia de la creación de medios de esta naturaleza (Juan Carlos Conde). Y a esa misma voluntad de anticipación responde hoy el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), cuyo objetivo estratégico es enseñar un español correcto a las máquinas. Solo si tal apuesta se gana, la lengua plurinacional -o transnacional- y multiétnica que es el español podrá alcanzar a ser efectivamente “la otra” lengua de Occidente: la lengua románica universalizable mejor situada para acompañar al inglés, la lengua sajona ya universalizada (López García-Molins).

La segunda cuestión a destacar mira también hacia adelante y desde la atalaya que ofrece la demolingüística. El español ya no va a contar en el tiempo que viene con una demografía tan favorable como la que ha sostenido su espectacular crecimiento a lo largo de los últimos cien años, cuando la cifra de hablantes de español se ha multiplicado por seis. Un excepcional aumento que ha coincidido en los decenios más cercanos -ya se ha apuntado- con el también rapidísimo de la minoría hispana en Estados Unidos hasta acercarse esta a los 60 millones. Balance muy positivo, pero no repetible. Es ya constatable el retroceso en los indicadores de crecimiento de la población en todos los países que hablan español -situándose por debajo en todo caso de los ritmos actuales y proyectados para Asia y África-, cuando también la inmigración de latinos a Estados Unidos se ralentiza, hasta perder la primacía desde hace algunos años a favor de la que llega desde el otro lado del Pacífico. La demografía, pues, dejará de ser nuestro fuerte, la catapulta de los exitosos recuentos anuales del número de hispanohablantes.

La tercera de las cuestiones atendible a propósito de los acontecimientos aludidos atiende a las tensiones más recientes en Cataluña. La política de inmersión ahí practicada supone de hecho “una discriminación positiva del catalán en relación con el castellano en los programas educativos de toda clase, en los medios de comunicación de Cataluña, en las Administraciones Públicas y en todas las manifestaciones de la vida social ordinaria (…) Sería extraordinario que el Estado español tuviera que arbitrar políticas de protección del castellano, como remedio para asegurar la vigencia real en Cataluña de los preceptos constitucionales que imponen su conocimiento como un deber en todo el territorio del Estado (…). Una asombrosa paradoja: el país que ha difundido por todo el mundo su lengua y que ha propiciado que muchas naciones la hagan suya, renuncia a su defensa y permite su desplazamiento dentro del propio Estado” (Muñoz Machado).

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Si el español es el producto más internacional de España y de todos los países que lo tienen como lengua propia, háganse políticas consecuentes. Si es el mayor bien cultural de que disponemos, actúese en consecuencia.

El cuidado y la promoción del español es una cuestión de Estado, y se merece una política de altura. Quiere decirse que el español ha de considerarse como bien preferente a todos los efectos —también, desde luego, a efectos presupuestarios— y su proyección internacional concebirse como una tarea de largo aliento, con las prioridades que ello comporta en el campo de la enseñanza del idioma, en la elección de las lenguas de trabajo en foros internacionales y en el apoyo a todos los procesos de creación cultural y comunicación científica. Una política que se articule a través de una estrategia compartida por España y todos los países también titulares de esta propiedad mancomunada que acredita la oficialidad internacional del español.

Bien preferente, cuestión de Estado en suma. Juan Pablo Fusi dijo en cierta ocasión que “España tiene un papel en el mundo: la defensa de la lengua castellana”. Yo lo diré más coloquialmente: España es el español, y luego todo lo demás.