Ningún tratado constitutivo de una organización internacional se refiere de forma tan clara al respeto a los valores -en tanto que condición de ingreso y como obligación permanente durante la membresía- que el Tratado de la Unión Europea. Ese compromiso estaba en su versión inicial de Maastricht (1992) y tras su evolución en las reformas de Ámsterdam en 1998 y de Lisboa de 2009 (art. 2 y 49 TUE).

Como la Unión no es solo un mercado interior y sus competencias y objetivos se proyectan sobre toda la sociedad, el Estado candidato debe ser un Estado democrático que respete antes y durante la pertenencia los valores enunciados en el art. 2 TUE. La democracia esta ligada el principio del Estado de Derecho que se concreta en el art. 19 TUE al exigir a los Estados que garanticen la tutela judicial efectiva. Aunque son muy diversos los reproches jurídicos a Polonia, los que más preocupan han sido los constantes y progresivos atentados al Estado de Derecho acaecidos desde finales de 2015 con la llegada al poder del partido gobernante Ley y Justicia, minando la independencia del poder judicial y del Tribunal constitucional.

Son numerosos y muy detallados los informes de la Comisión Europea desde 2016, también de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que constatan violaciones graves y sistemáticas a la independencia judicial. Así, la reforma sobre el nombramiento y duración del mandato para controlar por completo el nombramiento del Tribunal Constitucional (10 sobre 15 son del partido gobernante nombrados por el Parlamento con mayoría del Gobierno), del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial (23 sobre 25 son del partido gobernante) a fin de domesticarlos y subordinarlos a la política gubernamental. El ejecutivo retiene poder discrecional para extender o no el mandato de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y de la jurisdicción ordinaria, según convenga. El TJUE ha estimado en varias sentencias que las reformas legislativas polacas son contrarias al valor Estado de Derecho (sentencias del TJUE, 24.6.2019, reducción edad de jubilación e independencia del T.S, as. C-192/18; 5.11.209, C-619/18; 19.11.2019, elección de miembros del Consejo Nacional Poder Judicial, asunto A.K. C-585/18, C-624/18 et C-625/18; 2.3.2021, nombramiento jueces del TS polaco asunto A.B., C-824/18).

Igualmente choca con el Estado de Derecho que los jueces puedan ser nombrados o removidos discrecionalmente por el Ministro de Justicia (que, a su vez, es Fiscal General) permitiendo las destituciones de jueces y fiscales ya nombrados con causas asignadas o nombrando nuevos jueces infringiendo el principio de inamovilidad de los jueces (TJUE, 6.10.2021, asunto W.Z., traslado forzoso de jueces, asunto C-487/19; 16.11.2021, nombramientos y revocaciones de comisiones de servicio, C-748/19 a 754/19).

Los jueces no pueden recurrir en caso de serle rechazadas las promociones y ascensos o destinos de la carrera judicial. Se puede someter a los jueces y tribunales a advertencias y sanciones en caso de solicitar cuestiones prejudiciales (TJUE, 26.3.2020, Miasto Lowicz y otros, C558/18 y C563/18). Las desafiantes nuevas leyes sobre el Tribunal Supremo y la del Consejo Nacional del poder judicial establecen una sala disciplinaria dentro del TS polaco que se forma discrecionalmente en cada caso para sancionar a los jueces sin posibilidades de recurso para los sancionados (15.07.2021, régimen disciplinario de los jueces, asunto C-791/19). De esa jurisprudencia se deduce que el derecho a un juicio justo y la rendición de cuentas ante tribunales independientes no está garantizado en Polonia.

Una decena de leyes polacas han afectado a la estructura del sistema judicial de Polonia en su conjunto y su denominador común ha sido haber “conferido sistemáticamente al poder ejecutivo o al poder legislativo la posibilidad de interferir de forma significativa en la composición, las competencias, la administración y el funcionamiento de estas autoridades y órganos”, como señaló la Comisión en diciembre de 2017 cuando solicitó al Consejo que se constatara un riesgo grave de violación de los valores protegidos por el art. 2 TUE.

El Plan “Next Generation EU” de ayuda financiera masiva tras el Covid-19 conllevó la aprobación del Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE. Su filosofía es dinero a cambio de Estado de Derecho: permite paralizar el desembolso de fondos cuando se detecten violaciones a la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes que afecten directamente al buen uso del dinero europeo (aplicable a la totalidad de los fondos y presupuesto UE), es decir, cuando las vulneraciones a los valores tengan una suficiente conexión con la gestión del presupuesto UE.

No es una conspiración contra Polonia, no hay activismo judicial europeo sino un ataque de Polonia a los valores de la UE. Las actuaciones legales de Polonia representan, en su conjunto, una estrategia política sistemática de desmantelamiento del Estado de Derecho. No es tanto un problema de primacía, que también, sino de un plan de reversión del sistema democrático la negar la independencia judicial y el derecho de tutela judicial efectiva.

El Estado de Derecho es más que un valor en la UE, es un principio fundamental, cuya concreción jurídica sustantiva es la tutela judicial efectiva e independencia del poder judicial. El Estado de Derecho es el vigía de la democracia. No cabe democracia sin el contrapeso del poder judicial y control constitucional independiente.