Los setecientos expertos mundiales que participaron en la elaboración del informe Global Risks 2014 durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza) designaron la desigualdad en los ingresos como el asunto que mayor impacto pudiera tener sobre la economía mundial en la próxima década, por delante de los eventos climáticos extremos, el alto desempleo, las crisis fiscales y los riesgos geopolíticos.

La preocupación por el alto endeudamiento generado por el elevado paro, el descenso en recaudación tributaria y el rescate financiero justificó la aplicación de políticas de austeridad, basadas en una drástica reducción del déficit público, como mejor estrategia para recuperar el crecimiento, contando con el apoyo de las instituciones financieras internacionales.

Pero no puede hablarse de políticas de austeridad en sentido genérico, porque no hay una única política de austeridad que podamos tomar como referencia; la austeridad carece de significado concreto en Economía, refiriéndose simplemente a una gestión presupuestaria restrictiva por parte del sector público. Evidentemente, tal actuación siempre exigirá una contención del gasto y, posiblemente, un mayor esfuerzo recaudatorio. Pero ambas cosas son posibles de múltiples maneras: hay muchas partidas presupuestarias donde se puede recortar el gasto, como sanidad, educación, defensa, salarios de funcionarios, entre otros, de igual modo que hay diversas maneras de elevar la presión tributaria, y no tiene el mismo impacto social elevar los impuestos sobre la renta que los impuestos sobre el consumo, ni es igual elevar la tributación de las rentas salariales que la de las rentas de capital; tampoco tiene los mismos efectos aplicar austeridad drásticamente o hacerlo de modo gradual. Escoger entre estas opciones no es trivial, ni es neutral.

No se trata tanto de discutir la conveniencia de una política de reducción de la Deuda, sino de diseñar el modo más adecuado de llevarla a cabo, así como el ritmo más conveniente de implantar dicha política. España fue en 2012 uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más descendió el porcentaje del PIB destinado a la educación, un 6,8%, siendo el tercer año consecutivo de descenso, frente a un recorte de tan sólo el 1,1% a nivel comunitario. El gasto en sanidad, incluyendo prestaciones por invalidez, fue en 2012 inferior en un 14% a su nivel máximo de 2009 (corrigiendo por inflación), mientras que el gasto en pensiones se encontraba en máximos, un 12% por encima de su nivel al inicio de la crisis en 2008. Con un gasto en protección social (pensiones, desempleo, vivienda) del 17,7% del PIB en los últimos datos disponibles de Eurostat, de 2012, España se sitúa en el puesto 13 de los 28 países de la UE ampliada, 2,2 puntos por debajo de la media de dicho grupo.

Precisamente, por la naturaleza de los recortes que se han llevado a cabo, es llamativo que en este año intensamente electoral que ahora comienza, se anuncie una reforma fiscal que reducirá la imposición sobre la renta. Pero, además, es discutible si la aparición de un cierto margen presupuestario debe emplearse para reducir impuestos en vez de para reponer las partidas de gasto en educación, cultura, sanidad y servicios sociales a sus niveles previos a la introducción de recortes.

La percepción de que las políticas adoptadas no han hecho sino contribuir a agravar los efectos de la crisis es aún más dolorosa cuando tales políticas se superponen con un papel inapropiado de los gobiernos en su relación con las grandes empresas que operan en algunos mercados estratégicos; un incorrecto vínculo que ha sido tradicional causa de ineficiencia económica en España y una fuente adicional de redistribución de la renta, en beneficio de los grandes accionistas de dichas empresas y en perjuicio de quienes en última instancia financian tales actuaciones: sus clientes y los contribuyentes.

En esencia, la Teoria de la Regulación Óptima elaborada por el premio Nobel 2014 J. Tirole y sus coautores especifica la forma que deben adoptar las relaciones entre agentes económicos que se relacionan con información asimétrica acerca de un determinado proceso sujeto a incertidumbre. En particular, dicha teoría es aplicable a las relaciones contractuales entre un gobierno y las empresas que concurren a concursos públicos. La distribución óptima del riesgo entre ambas partes dependerá de: el tipo de riesgo asumido por la empresa y su magnitud, la estructura de costes, los costes de financiación y las posibilidades de supervisión. La realidad es que la práctica en España observada dista de la que se derivaría de la aplicación de estas teorías: los contratos son ineficientes en sentido económico, asumiendo el Estado una proporción excesiva del riesgo, que en algunos casos le lleva a actuar prácticamente como asegurador de la empresa, un diseño que generalmente conduce a un exceso de inversión y a una pérdida de bienestar social.

Muchas de las importantes actuaciones en política sectorial en España no inducen los incentivos correctos. Son todas ellas situaciones en las que los ciudadanos perciben que se actúa en beneficio de unos pocos; que las empresas dominantes en determinados sectores han capturado al regulador; que la proximidad entre el poder político y el poder económico establece mecanismos de apropiación de rentas en su propio beneficio. Es fácil entonces interpretar que la proximidad entre el poder político y el poder empresarial, habitual en una sociedad desigual establece mecanismos de apropiación de rentas. Son ejemplos de lo que Enrique Fuentes Quintana denominó capitalismo castizo en una intervención en esta Real Academia hace ahora veinte años y que, lamentablemente, parece continuar pleno de vigencia.
Conseguir que España vuelva a alcanzar el grado de desarrollo que todos deseamos precisa recuperar la confianza interna y externa, y ello requiere reformas, algunas de las cuales deben llevarse a cabo en el contexto europeo, como las relativas a una mayor transparencia fiscal, una adecuada legislación tributaria para empresas multinacionales, y el establecimiento de una política de inmigración.