Empieza recordando el hecho de que tanto las economías desarrolladas como aquellas en vías de desarrollo han puesto en práctica, algunas veces deliberadamente y otras inadvertidamente, diferentes modelos de crecimiento que no siempre han estado sustentadas en sólidas bases económicas, y como consecuencia derivaron en procesos no sostenibles en el tiempo. El modelo de crecimiento de la economía española en el período comprendido entre 1995 y 2007 es un caso paradigmático de este tipo de situaciones, y está en la raíz de los graves problemas y desequilibrios que hoy padecemos. En la exposición actualiza algunas cifras y argumentos que ha dado en intervenciones en este pleno y afirma que: «No repito estas afirmaciones por presunción. Estoy seguro de que muchos otros colegas dijeron cosas similares en otros foros y, desde luego, también mis compañeros de Sección en esta academia en los últimos años. Simplemente lo hago para poner de manifiesto que muchas de las sorpresas que parece traernos la crisis actual no debieran ser tales. Con el transcurso de los años podría parecer que estas afirmaciones, algunas hechas hace más de quince años, representan sagaces predicciones de lo que hoy nos está pasando. Pero en mi opinión no lo son y carecen de mérito alguno. Era simplemente lo que los datos nos decían, ya entonces, cuando se analizaban sin prejuicio alguno». Recuerda que puso de manifiesto los siguientes problemas. El déficit público estaba acotado en aquellos años no por una buena administración de los gastos sino por un conjunto de ingresos de carácter transitorio: Privatizaciones e ingresos de la UE y los derivados de los excesivos niveles de consumo e inversión. El modelo de crecimiento definido por un endeudamiento creciente de familias y empresas no era sostenible. Además, pondría en dificultades al sistema financiero debido a la pérdida de valor de sus garantías. Cierto es, afirma, que las dificultades del sistema financiero se agravaron especialmente por haber pospuesto durante tanto tiempo lo que aquí se sugirió hace quince años en una intervención sobre el sistema financiero español: una clara definición jurídica y de derechos de propiedad para la actividad financiera de las cajas. En definitiva, hoy en el mercado existen fundadas dudas sobre qué parte de esta enorme deuda privada ha sido invertida en proyectos rentables y, por consiguiente, si en algún momento puede ser pagadera. En España el necesario y costoso proceso de desendeudamiento en hogares y empresas apenas acaba de empezar. Hay, pues, por delante un largo trecho que recorrer. Se puede incurrir en un gran error si, en este proceso de necesarias reformas, deterioramos sistemas tan básicos para la igualdad de oportunidades como son la educación y la sanidad, y no somos conscientes de que lo estamos haciendo, por no disponer de la información e indicadores necesarios para su análisis y debate público. Sin lugar a dudas, ellos son la columna vertebral del sistema de bienestar que caracteriza a las sociedades europeas, y que la evidencia empírica disponible demuestra que garantiza una mayor igualdad de oportunidades. La caracterización de la crisis actual pone de manifiesto que nuestra capacidad de reactivación económica tiene que pasar necesariamente por ganancias en nuestra competitividad y productividad. A una de las reformas de calado necesarias para alcanzar este objetivo, dedica la segunda parte de la intervención, que es la reforma de la política energética y, en particular, del sistema eléctrico, que está todavía regido por una ley de 1997. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea sobre la Evaluación del programa nacional de reformas y del programa de estabilidad de España para 2012, hecho público el pasado 30 de mayo se dice textualmente pone de manifiesto algunos problemas del Sector cuando afirma: «Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón». Pese a advertencias de esta naturaleza, la mayoría de los analistas en España y desde luego los fuertes lobbies que representan las compañías eléctricas tradicionales siguen afirmando que la causa de los incrementos del precio de la energía eléctrica en España se debe al apoyo que reciben las energías renovables, que además, recalcan, son las causantes del llamado déficit de tarifa que hoy se eleva a 24.000 millones de euros. Estas afirmaciones se suelen completar con las que atribuyen a esta situación una pérdida de competitividad de la industria española. El resto de la intervención se dedica a demostrar que todas estas afirmaciones distan mucho de la realidad. Después de hacer algunas consideraciones sobre el precio de la electricidad en España, comparado con los países de la UE, se hace referencia a los costes de transición a la competencia, que contempla la Ley del Sector Eléctrico de 1997. Estos costes ascendían, en valor de diciembre de 1997, a un importe de casi dos billones de las antiguas pesetas, concretamente 10.500 millones de euros, de los que 1.800 fueron incentivos al carbón nacional. También en esta Ley de 1997 se introduce el llamado «déficit de tarifa», es decir, la diferencia entre los costes reconocidos a las compañías eléctricas y los ingresos regulados por las correspondientes tarifas, para enmascarar, entre otros problemas, los del incremento del IPC, y subvencionar de esa forma a los consumidores de energía con cargo a los presupuestos generales del Estado, creando artificialmente precios de la energía más bajos que los derivados de los costes reconocidos, que no reales, en su producción. Pone de manifiesto que cuando se hacen afirmaciones sobre los costes de generación de determinadas tecnologías, ellos solamente tienen impacto en el 38% del precio de la energía eléctrica, ya que el 62% restante son costes distintos a los de generación. Difícilmente se puede atribuir a variaciones en el 38% aquellas que afectan al 62% restante. Una consecuencia del actual mercado marginalista es que ya que todas las tecnologías de generación eléctrica se retribuyen lo mismo no se tiene en cuenta el coste real de cada una de ellas. Por consiguiente, el precio que pagamos por la energía hidráulica y nuclear termina indiciado con el precio del petróleo y del gas natural, ya que éstas son las últimas tecnologías que entran en funcionamiento. Dicho de otro modo, cada vez que el petróleo y el gas suben de precio también sube el coste de la energía producida por nuestras centrales hidráulicas y nucleares. Es decir, un verdadero sinsentido, para el contribuyente y consumidor final, pero no desde luego para las compañías eléctricas tradicionales. Este exceso de retribución de las centrales hidráulicas y nucleares representó, solo desde el año 2006, un importe de 22.926 millones de euros Resalta la paradoja que se deriva del carácter marginalista del mercado, en el que la inclusión de las energías renovables fijan precios marginales más bajos, ya que se ofrecen a precio nulo. Es decir, las energías renovables, en el singular sistema de formación de precios que tiene el sistema eléctrico en España, reducen el precio de la energía que paga el consumidor último. Finalmente, recuerda que la incorporación de las energías renovables en nuestra infraestructura energética es una consecuencia de los compromisos de España dentro de la UE. Este compromiso define una mixtura energética determinada en la que las energías renovables deben adquirir una proporción creciente. Obviamente, definida una mixtura de tecnologías, cada una de ellas debe recibir una remuneración acorde con los costes tan dispares que tienen unas y otras. No parece razonable interpretar como subvenciones las retribuciones a determinadas tecnologías por la simple razón de que, dado su estado de desarrollo, incorporen costes mayores que las tecnologías tradicionales. En todo caso, estos costes no debieran ignorar el valor de las externalidades que generan. En efecto, no todas contribuyen de la misma forma al proceso de cambio climático, a la seguridad e independencia energética, a la innovación y desarrollo, a nuestra balanza de pagos y, en fin, a la reducción constante de los costes de generación por el aprovechamiento de las curvas de aprendizaje. Los economistas solemos pensar que no parece siempre una buena idea extender la vida de viejas tecnologías, en mercados regulados, con el propósito de dificultar la entrada a las tecnologías del futuro. Parece más lógico pensar que las nuevas tecnologías deben reemplazar a las viejas, y no al revés. La disculpa para no hacerlo suele sustentarse en el argumento de que al no ser tecnologías maduras, cuentan aún con mucho margen futuro de mejora, lo que aconseja ralentizar su expansión, por ejemplo, acordando una demora en su desarrollo, tal y como hizo el actual gobierno. Es la clásica posición de resistencia al cambio, y a la defensa del statu quo tecnológico actual. Es la negación de una tesis básica de la economía de mercado, la destrucción creativa de Schumpeter, que consiste en la tendencia a que nuevos problemas e incentivos propicien la desaparición de viejas empresas y la creación de otras nuevas y más eficientes. Dicho de otra forma, tales disculpas sugieren volver a nuestro «que inventen ellos».