Una reconsideración y puesta al día de nuestro sistema de administración de justicia son necesarias. El informe presentado al Gobierno el 29 de julio de 2011 por el Ministro de Justicia y los correspondientes anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal hicieron que el foco de atención se pusiera y el debate inicial se centrara sobre la instrucción en el proceso penal.

La tendencia dominante supone la necesidad de redefinir -y como su consecuencia la de reasignar- los papeles que desempeñan durante la instrucción el Juez y el Ministerio Fiscal.

En esta reordenación de los roles del proceso, la persecución del delito es asumida por el Ministerio Fiscal, mientras que el Juez, desde una posición procesal verdaderamente imparcial, se convierte en garante de la corrección de aquella tarea: dicho de otra forma, en juzgador de la investigación.

El problema primario no es tanto quién sea el que instruya; es el propio concepto de instrucción el que debe ser sometido antes a revisión y actualización. Y ello porque la instrucción, configurada en origen como una actividad de mera preparación del juicio oral y, por tanto, subordinada a ese momento culminante del procedimiento, ha experimentado una transformación a consecuencia de la cual se ha sobredimensionado, de un lado, su duración y, de otro, se ha desnaturalizado por desbordamiento su carácter instrumental. De esta suerte se ha convertido la instrucción en una fase excesivamente dilatada en el tiempo, con perjuicio para los que sufren las secuelas aflictivas del sometimiento a un proceso penal. A la vez, se ha difuminado la exclusividad del Plenario en cuanto verdadero momento de la prueba.

A este respecto se ha dicho que algunos de los males que destacó Alonso Martínez hace más de ciento veinticinco años, como los de la excesiva duración de los procesos o la desmedida importancia atribuida al material probatorio recopilado durante la instrucción, en demérito del juicio oral, todavía persisten en nuestros días. Y conviene recordar que ya entonces se planteaba como vía para superar aquellas deficiencias la de llevar el sistema acusatorio hasta sus últimos límites y consecuencias.

Es manifiesto que el proyecto de encomendar la investigación al Ministerio Fiscal suscita –no obstante sus ventajas y racionalidad- el recelo derivado de la consideración de que el principio de jerarquía en la organización de dicho Ministerio lo convierte en instrumento sujeto a la decisión del poder político y, derivadamente, a los intereses partidistas.

Frente a ello es necesario proclamar un principio de identidad institucional que antepone, a las consecuencias de la jerarquía interna, las primarias exigencias incondicionadas de los principios de legalidad, de objetividad y de imparcialidad, que han de señorear la cultura jurídica vigente, en general, y la actuación personalmente responsable de cada miembro del Ministerio Fiscal (artículo 124 de la Constitución española).

Un elemental sentido de la posición institucional asumida por cada uno y la consecuente lealtad a esa posición debieran prestar soporte a la fiabilidad de la nueva concepción proyectada y  a la atribución consiguiente de funciones y obligaciones. La dicha posición se sustenta con fundamento en la propia Constitución y ha de prevalecer frente a cualesquiera intentos de ser torpemente interferida a partir de la organización, del sistema de selección y de nombramientos o de la articulación del complejo representado por el Ministerio Fiscal.

Quede así afirmado ahora y quede hecha la remisión a una ulterior exposición sobre los términos y requisitos en los que cabe confiar para asegurar la posición propia del Ministerio Fiscal en el sistema procesal del Estado democrático y social de Derecho en que España se halla constituida por inicial prescripción de nuestra Constitución.