Las últimas estimaciones realizadas por el Banco Mundial muestran que una de cada cinco personas vivía en 2008 con menos de 1,25 dólares por día, y dos de cada cinco personas vivía con menos de 2 dólares por día. En la OCDE, con 1.200 millones de personas, no hay incidencia registrada de pobreza absoluta, pero hay situaciones claras de desigualdad y pobreza relativa.

Una evolución muy favorable en la segunda mitad de la década de los noventa permitió que la incidencia de la pobreza absoluta descendiese entre 1981 y 2008 en casi treinta puntos, del 52% al 22%. La reducción de la tasa de pobreza ha sido especialmente drástica en China, pasando del 84% al 13%, lo que explica la mitad del descenso registrado en la tasa de pobreza global. La reducción en 650 millones del número de personas que viven con menos de 1,25$ por día en el mundo, desde 1.940 millones en 1981 a 1.290 millones de personas en 2008 es un éxito incuestionable.

Las predicciones disponibles contemplan una horquilla entre 600 y 900 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza del 1,25$ por día en 2015, lo que supondría una reducción casi a la mitad del número de personas que estaban en dicha situación en 2005.

Este escenario futuro de pobreza implica asimismo un cambio en la concentración de la pobreza en el mundo: la proporción de pobreza global residente en Asia podría descender de 2/3 a 1/3 en 2015, mientras que la de África podría elevarse de un 28% a un 60%. Por tanto, la pobreza será crecientemente un problema africano, a pesar del progreso que están haciendo algunos países de este continente.

Los efectos de la crisis tardaron en manifestarse en países en desarrollo se manifiestan a través de tres canales: a) una reducción del comercio internacional, la principal fuente de crecimiento robusto en muchos países emergentes, que deteriora la balanza por cuenta corriente, y aumentan las necesidades de financiación externa, b) un descenso en las entradas de capital, con menos remesas de emigrantes e inferiores ingresos por turismo, y c) un deterioro del presupuesto público, especialmente en los países con menor diversificación en sus ingresos, que suelen ser los países exportadores de petróleo.

La orientación y diseño de las políticas de desarrollo y los programas de ayuda al desarrollo deben variar significativamente para adaptarse a los profundos cambios sociales que se están produciendo por la incidencia de la crisis: a) la concentración geográfica de la pobreza, y b) el avance económico de muchos países que han pasado del grupo de renta baja al grupo de renta media, en la clasificación que cada año establece el Banco Mundial. Ambos efectos dan lugar a lo que se conoce como “la nueva geografía de la pobreza”, que sugiere que dos áreas deban aparecer como prioritarias a medio plazo para las agencias de desarrollo: el África sub-Sahariana y los Estados “frágiles” o “vulnerables”.

La nueva situación plantea nuevos retos: los países de renta media no sufren las mismas restricciones financieras que los países pobres, y la ayuda financiera a sus gobiernos está menos justificada. Que un importante proporción de población pobre se halle en países de renta media debe llevar a cambiar la estrategia de AOD, que debe dejar de concebirse como ayuda a países, para pasar a ser ayuda a personas. Una interpretación de estos cambios es que la pobreza está pasando de ser un problema de distribución internacional a ser un problema de distribución nacional.

En cuanto a los resultados logrados hasta el momento, no cabe la complacencia. Aun con el notable descenso en pobreza registrado antes de la crisis, una de cada cinco personas, casi 1.300 millones personas, vivía en 2008 con menos de 1,25$ por día; un 43% de la población mundial, casi 2.500 millones de personas, vivía con menos de 2$ por día.

El propio diseño que debe revestir la Ayuda Oficial al Desarrollo está siendo objeto de debate, y existen argumentos para no continuar con la pretensión de conceder donaciones a los gobiernos, ni siquiera acompañadas de requisitos de condicionalidad. Como alternativa, se propone avanzar en la ejecución de iniciativas propiciadas por los gobiernos, en las que los empresarios de los países receptores estén involucrados, y que persigan facilitar la mejora de la productividad y acceder al crédito necesario para financiar las inversiones requeridas. Simultáneamente, deben eliminarse las barreras que dificultan seriamente la entrada de los productores de países en desarrollo en los mercados internacionales de bienes, especialmente en el sector agrícola.