EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¿DE NUEVO A DEBATE?

 

Resumen de la disertación del Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 12-02-2013

 

El Cardenal Arzobispo de Madrid comenzó su disertación señalando que “la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley titulado ‘Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa’ (LOMCE) ha suscitado de nuevo el debate sobre el actual sistema educativo español. Un aspecto crucial del mismo sigue siendo la comprensión justa del derecho a la enseñanza y de quienes son sus titulares. Una cuestión, por la misma naturaleza de las cosas, inseparable del concepto que se tenga no solo de lo que significa la acción de enseñar, sino también, −incluso, sobre todo− de la idea de hombre como sujeto activo y/o destinatario último de una función para un desarrollo y maduración digna de su personalidad, imprescindible vista tanto en su individualidad, como en su dimensión y proyección sociales”.

 

“En la cuestión de la enseñanza, prosiguió, se ha puesto siempre a debate el cómo responder adecuadamente a dos necesidades que acompañan al hombre en el proceso vital y existencial de su nacimiento, desarrollo y maduración física, psíquica y espiritual: la necesidad del conocimiento o del saber y la del querer libre y responsable o, con otras palabras, la de conocer la verdad y la de elegir y adherirse al bien y a la belleza como fin y sentido último de su vida”. Y afirmó que “el problema práctico del derecho a la educación, en su ultimidad, sólo es descifrable y resoluble a la luz de una pedagogía rigurosamente reflexionada y articulada en relación intrínseca con la filosofía y la teología de lo humano”.

 

Aspectos históricos

A continuación, presentó los aspectos históricos de la enseñanza en Europa en los dos últimos milenios, desde sus comienzos de manera casi exclusiva en el marco de la vida interna de la Iglesia, al proceso nacionalizador y estatalizador del sistema educativo en la época de las grandes Monarquías europeas del XVII, pasando por la Constitución de la Revolución Francesa (1789) que “representa un hito decisivo en el proceso ‘nacionalizador’ de la enseñanza, que proseguirá imparable en la práctica totalidad de los Estados Nacionales europeos hasta la gran crisis de la II Guerra Mundial”. A pesar de eso, “nacionalización y estatalización no significaron siempre en la Europa de los siglos XIX y XX ‘secularización’ de la Escuela, es decir, eliminación de la enseñanza y de la práctica de la religión en la enseñanza escolar”.

 

En España, “el camino político-jurídico para que el sistema educativo pase a ser competencia soberana del Estado se inicia” con la Constitución de 1812. A partir de este momento, el Estado asume “prácticamente sin interrupción histórica hasta hoy” la “competencia político-jurídica sobre todo el sistema educativo, incluidas las escuelas y centros de enseñanza superiores de la Iglesia Católica y cualquier otro tipo de enseñanza privada”, algo que no comporta ni “el monopolio estatal en la creación de centros de enseñanza de cualquier grado y modalidad, ni la imposición del laicismo radical en las escuelas primaria y secundaria de titularidad estatal salvo en la Constitución de la II República”.

 

“El ordenamiento jurídico del Estado, surgido de la guerra civil, retoma los Artículos 11 y 12 de ‘la Constitución de la Monarquía Española’ del 30 de junio de 1876”, que establece “el carácter confesional de las escuelas públicas, entendido a la luz del principio constitucional de tolerancia religiosa, y la libertad para la creación y sostenimiento de centros de enseñanza”. “En la transición política al Estado democrático de Derecho, establecido en la Constitución de 1978, hizo crisis ‘el confesionalismo’ como principio regulador de la enseñanza primaria, secundaria y superior”.

 

“Dos objetivos esenciales para toda buena política social se habían planteado en la Europa salida de la II Guerra Mundial: el derecho universal a la enseñanza con efectividad sociológica en los niveles escolares primarios y, al menos, como igualdad de oportunidades en los niveles secundarios y universitarios, incluida la ‘enseñanza profesional’ tan importante para la recuperación económica y empresarial de la posguerra, y el derecho a la libertad de enseñanza. El primer objetivo fue alcanzado en mayor o menor grado de extensión y de calidad en la práctica totalidad de los sistemas educativos europeos”, el segundo no. “Más fácil resultó el reconocimiento del derecho de los padres a recibir en las Escuelas del Estado la formación religiosa y moral que preferían para sus hijos que su derecho a elegir el tipo de escuela, estatal o no estatal, conforme a sus criterios educativos y a los contenidos y métodos pedagógicos preferidos; sin discriminación alguna, no exceptuada la de carácter económico”.

 

La Carta y Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948, “sentarán las bases jurídicas vinculantes para el nuevo orden internacional. Los derechos humanos −y, entre ellos, el derecho a la educación− entran por esta nueva vía de normativa universal, que vincula y limita la soberanía política de los Estados nacionales, como fundamento inderogable del nuevo derecho internacional”.

 

El derecho a la educación en el derecho internacional

“El nuevo derecho internacional nacido de la ‘Declaración Universal de Derechos humanos’, avalará una respuesta jurídica a la cuestión del derecho a la educación que integra y conjuga los dos aspectos más debatidos cultural y políticamente en los Estados Nacionales modernos”, a saber: la universalidad del derecho a la educación y el derecho de los padres a escoger libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. “Por la vía de la normativa internacional” se fue imponiendo “la concepción del derecho a la educación integral de la persona como una derecho, a la vez universal y libre en su ejercicio por parte de los padres y, en una condicionada medida, por la sociedad”. Sobre todo en los Estados del llamado ‘mundo libre’, en la Europa Occidental y del Sur.

 

En España, “‘el status’ subvencionado de las escuelas no estatales y de sus alumnos en los niveles primarios y secundarios del período político anterior a la Constitución de 1978 sería sustituido por la legislación ordinaria, que la ha aplicado, por un régimen administrativo de conciertos”.

 

El derecho a la educación en el derecho Constitucional español

“Uno de los puntos más discutidos y polémicos en el debate social y político previo a la aprobación de la Constitución de 1978 antes y en los años inmediatamente siguientes a su debate en sede parlamentaria fue el tratamiento jurídico que debía de darse al derecho a la educación en la nueva normativa constitucional”.

 

 

“No debería haber habido dificultades para una aplicación equilibrada del Artículo 27 de la Constitución, centrándose objetivamente en torno a los dos ejes ético-prejurídicos que lo conforman: el derecho de todos a la enseñanza y la libertad de enseñanza. No fue así. La elección de la enseñanza de la religión y moral católica en los centros públicos por parte de los padres se ha visto dificultada crecientemente en virtud de dos factores”, como son “la obligación de efectuar por escrito al comienzo de cada curso la implantación de la clase de religión y moral católica y la carencia de una verdadera alternativa académica para los alumnos que no eligen la clase de religión. Sin una clara e equiparable exigencia académica para los alumnos que no la eligen, la discriminación de los alumnos de la clase de religión se produce inevitablemente desde el punto de vista escolar. Igualmente se ha hecho muy difícil, sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas, la práctica del derecho a la elección de Centros en las condiciones de gratuidad, garantizada constitucionalmente. El margen de discrecionalidad administrativa, que se atribuyen las Comunidades Autónomas a la hora de conceder o no conceder ‘los conciertos’, resulta difícilmente compatible con las garantías constitucionales de los derechos de los padres y de los alumnos en la elección del Centro docente”.

 

“No huir de las cuestiones éticas y espirituales de antropología filosófica y teológica, que subyacen a los grandes interrogantes pedagógicos que vuelven a suscitarse a propósito y en estrecha relación existencial ¡vital! con el problema educativo, sería un buen primer paso para su estudio y clarificación intelectual y práctica. Sin una concepción adecuada del hombre en toda la densidad y plenitud de su dignidad personal, que inspiren teorías y proyectos pedagógicos y, concretamente, los proyectos y programas legislativos para los próximos años, no será posible establecer nuevas y sólidas bases culturales, políticas y jurídicas para el futuro del sistema educativo”.

 

Emergencia educativa

En el discurso de Benedicto XVI a la Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana el 27 de mayo de 2010, calificó “el estado de ‘la educación’ en la sociedad actual como de una ‘emergencia’ para la que hay que encontrar las respuestas adecuadas, yendo hasta sus raíces más profundas, de las que destaca dos: un falso concepto de autonomía del hombre y ‘el escepticismo’ y ‘el relativismo’”.

 

“‘La emergencia educativa’, con las raíces que señala y caracteriza Benedicto XVI, es también una realidad presente en España, que influye abiertamente en la cuestión del derecho a la educación y sus titulares”. Y es que “‘el niño’ no es un objeto del derecho a la educación, ni del derecho de sus padres, ni, mucho menos, de los derechos del Estado. Es el mismo el titular irremplazable de ese derecho: ¡un derecho sagrado!”. Por ello, se preguntó: “¿No sería posible concitar un consenso político y social en el debate educativo en torno a estas bases pre-políticas, anteriores al derecho positivo, en el actual momento de España?”. “¿Por qué no podría ser nuevamente viable un diálogo, buscando un nuevo consenso cultural y político-jurídico en el debate de la cuestión educativa en el momento actual de España? Más aún, ¿por qué no introducirlo en el gran debate nacional sobre el presente y futuro de España?”.

 

“¡Inténtese, al menos!”, concluyó.